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El acuerdo entre Gobierno y Femp sobre el superávit fractura al municipalismo

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. MARISCAL (EFE)
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. MARISCAL (EFE)
Los concellos del PP rechazan el pacto y el partido inicia una ofensiva que incluirá un recurso ante el Constitucional
 

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Abel Caballero, defendió este martes a capa y espada el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para desbloquear el superávit que acumulan los concellos en sus arcas desde las restricciones impuestas por la ley Montoro, un pacto que, de arranque, solo agrada al PSOE y que amenaza con abrir una grieta en el municipalismo tanto gallego como español.

Y es que, prácticamente al mismo tiempo que Caballero oficializaba el acuerdo con Pedro Sánchez este martes en la Moncloa, el PP anunciaba una ofensiva política y legal contra el mismo que incluirá, entre otras medidas, un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Y las críticas también llegaban desde el BNG y desde las mareas municipales que todavía tienen representación en Galicia, así como desde otros partidos a lo largo de la Península y las islas, como Junts per Cat o Cs. El cabreo es tal que algunos ayuntamientos ya avanzaron que dejarán la Femp, una institución cuyo histórico consenso se rompió este lunes con la aprobación del acuerdo gracias al voto de calidad del presidente, Abel Caballero.

Precisamente el regidor vigués apuntó directamente al PP como responsable de querer torpedear el acuerdo. "Parece que no soporta" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado este "gran acuerdo", dijo, acusando a los populares de hacer "pura política partidaria". Y en la misma línea se pronunciaron otros alcaldes socialistas o el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero. "Es la única alternativa viable", reflexionó el vigués.

"CONFISCACIÓN". Enfrente, la mayoría de las críticas, independientemente de las siglas, giran alrededor del mismo argumento: el acuerdo supone que el Ejecutivo central confisque el dinero que ahorraron los concellos, ya que aunque después existe el compromiso de devolverlo, será a largo plazo, lamentan. Por eso piden una "modificación" del mismo.

En el PP gallego varios alcaldes y el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, encabezaron ayer la revuelta contra el acuerdo. Fue el propio Baltar quien pidió que se presente un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley cuando se convalide en el Congreso, una acción para la que todavía no hay plazo.

Y aunque la adhesión al documento por parte de las entidades locales es «voluntaria», a la mayoría «no les va a quedar más remedio que ir al matadero», porque es un «chantaje» para poder acceder a financiación, recordó el alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado de sus homólogos de Porto do Son, Luis Oujo, y Cervo, Alfonso Villares, este último además vicepresidente de la Fegamp.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, no tardó ayer en confirmar que su partido sí presentará ese recurso en el Constitucional por "invasión de la autonomía local".

El BNG mostró su total oposición a que el Estado reciba el remanente de "1.300 millóns" de los concellos gallegos y cree que la solución es derogar la Ley Montoro, de 2012, que es la que limita el uso del superávit a los concellos. Sin embargo, cree que el PSOE la usa ahora de "coartada para financiarse con recursos que son dos municipios galegos".

"El plan del Ministerio de Hacienda para la incautación de los remanentes de ayuntamientos y diputaciones pisotea las competencias municipales, adolece de un marcado carácter centralista y supone un desprecio para el trabajo de los ayuntamientos", apuntan por su parte las mareas.

¿Sin mayoría para el acuerdo?
El Gobierno ha transformado en decreto ley el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, por lo que tendrá que llevarlo al Congreso de los Diputados para convalidarlo. 

En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley no tiene hoy por hoy mayoría suficiente para prosperar.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en la reunión de este martes, el Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario, para las entidades locales. Según se recoge, la norma permitirá movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. 

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