La Fiscalía y el Gobierno español dijeron este lunes que distinguirán entre los controladores aéreos que instigaron la huelga salvaje y los que se sintieron coaccionados para seguirla, durante una jornada en la que los aeropuertos han seguido recuperándose de los incidentes del fin de semana.
Según datos de AENA facilitados a las 21:00 horas, este lunes se han cancelado menos del 2% de los vuelos previstos, 3.262 aviones han llegado o salido de aeropuertos españoles, y de los 271 controladores que debían trabajar, sólo 4 se han ausentado, con bajas justificadas.
Por su parte, los propios controladores pidieron de nuevo disculpas a los afectados por la reacción "desmedida" del colectivo y la situación "caótica, terrible e inaudita" creada en pleno puente de la Constitución.
A título personal, el portavoz de USCA, César Cabo, explicó que su colectivo dio un "salto al vacío" que las autoridades públicas "sabían que podía ocurrir" tras meses de "gestión abusiva" y con la "gota final" del decreto del viernes pasado.
Pero Fomento asegura que el Gobierno no imaginaba "ni de lejos" la "brutal" reacción ante un decreto que clarifica, entre otras cosas, la jornada laboral de los controladores.
Día de la Constitución
El caos aeroportuario y su gestión marcaron la agenda política y el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, frente a decisiones recientes como la privatización de una parte de AENA y de las loterías o la supresión de la ayuda extraordinaria a los parados.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió las decisiones ante la crisis, y no descartó pedir una prórroga del estado de alarma decretado en el país por quince días, para lo que tendría que contar con la autorización del Parlamento.
El único dirigente político crítico con este estado de alarma ha sido el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que cree que esa decisión constituye un "abuso constitucional" y ha pedido al Gobierno que levante ya la medida.
"Todo el peso de la ley"
Tanto el ministro de Justicia como el de Fomento prevén que "todo el peso de la ley" recaerá sobre quienes paralizaron el espacio aéreo español durante 20 horas.
El titular de Fomento, José Blanco, dejó claro que no tienen la misma responsabilidad los trabajadores "de a pie" que los directivos del sindicato, por lo que quiere que se estudien caso por caso los expedientes disciplinarios abiertos.
Con arreglo a la ley vigente, los controladores pueden ser condenados a penas que oscilan entre tres meses y tres años de cárcel, para los casos más leves, y de tres a ocho años en los más graves.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, informó también de que la Fiscalía comenzará el jueves a tomar declaración a los controladores.
Según ha dicho, todos los casos se seguirán por la vía ordinaria y no por la militar, dado que no se tiene constancia de ningún supuesto punible después de que el Gobierno decidiera militarizar el control aéreo español el viernes por la noche.
Demanda colectiva
Cerca de 5.000 personas se han sumado ya a la demanda colectiva elaborada por el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para "defender sus intereses, mermados por la actuación irresponsable" de los controladores aéreos españoles que propició el cierre del espacio áereo durante el viernes y parte del sábado.
Según el bufete, desde el pasado 3 de diciembre, fecha del inicio del cese de actividad del colectivo, "no ha cesado de recibir llamadas" de los pasajeros perjudicados. Así, el pasado sábado, el número de afectados contactados se situaba en 2.000 personas.
"El elemento común a todos ellos es el haber sufrido una serie de prejuicios graves", ha señalado la firma. La estimación inicial del bufete para "resarcir" a los pasajeros se sitúa en 10.000 euros por reclamante.
