Vox ha anunciado este martes que su equipo jurídico ya está trabajando para solicitar a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, su personación como acusación popular en la causa que ésta instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta prevaricación administrativa al permitir la manifestación del 8-M.
Por el momento, y pese a las múltiples peticiones de personación desde diversos colectivos, la juez únicamente ha aceptado la de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por covid-19 y cuya entrada definitiva en este procedimiento aún está condicionada a la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros en concepto de fianza.
Por el momento las únicas partes en la causa son la Fiscalía y el investigado, representado legalmente por la abogacía del Estado.
En una providencia dictada el pasado viernes, la magistrada denegó la personación en la causa de letrado Javier Fernández Torres, al no cumplir su escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Crimal (LeCrim); y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con las cuestiones formales y por dirigir su acusación contra el presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento", según señaló la magistrada.
Ante la "multitud de escritos que se están recibiendo en este procedimiento por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación", la juez reitera que estas solicitudes sólo pueden articularse por representaciones legales que formalmente hayan sido tenido por parte en este procedimiento, "personación como acusación popular que hasta ahora nadie ha cumplido" por lo que únicamente se contaba con las representaciones que ejercen el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.
Igualmente tiene pendiente resolver la personación solicitada por el sindicato Manos Limpias y por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, cuya petición se produjo coincidiendo con la polémica surgida de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores que actúan como policía judicial en este procedimiento.
