El excomisario José Villarejo se ha opuesto este jueves a que se prorrogue otros dos años su estancia en prisión preventiva porque quiere poder defenderse con todas las "garantías" y en situación de libertad, y, apuntando a sus problemas de salud, ha implorado: "No quiero morir en prisión".
También ha destacado que las filtraciones en los medios de las grabaciones que le fueron intervenidas en la operación Tándem le han perjudicado a la hora de conseguir su puesta en libertad y se ha referido en concreto a la de una comida en la que estaba presente la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, han informado a Efe fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.
Ha negado haber sido el autor de esas filtraciones y ha asegurado que él nunca lo haría, teniendo en cuenta además que la ministra es amiga suya.
La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, que fue la que instó la celebración de esta vista, ha pedido la prórroga de la prisión al considerar que a los dos años de haber ingresado en la cárcel –el 5 de noviembre de 2017– persiste el riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de destrucción y ocultación de pruebas y la posibilidad de influir en terceros para perjudicar la investigación.
Así lo han expuesto los dos fiscales anticorrupción en la vista, celebrada ante el juez del caso Villajero, Manuel García Castellón, y en la que el excomisario ha comparecido por videoconferencia desde el centro penitenciario de Estremera (Madrid), en atención a los problemas de tensión arterial que padece.
Precisamente, su estado de salud ha sido uno de los principales motivos en los que se ha basado su defensa para oponerse a la prorroga de prisión, alegando que la situación de libertad le está haciendo mella y puede matarle. Es más, su abogado ha precisado que si le diese un ictus podría morir en la cárcel.
A este respecto, los médicos forenses han elaborado un informe que también han expuesto en la vista y, si bien han reconocido que tiene la tensión alta, han explicado que se encuentra bajo tratamiento y que está siendo medicado y que eso no le incapacita.
Los fiscales del caso han señalado en este sentido que los motivos de salud alegados no son suficientes para acordar una medida de prisión atenuada, tal y como reclama su defensa, que ejerce el abogado Antonio José Cabrera.
El letrado ha propuesto a cambio de la prisión la adopción de medidas cautelares más leves, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, la comparecencia diaria ante el juzgado e incluso ha sugerido que podría ir un funcionario a su domicilio o someterle a arresto domiciliario controlado a través de una pulsera telemática.
Durante la vista, ha indicado que su cliente, que según el abogado está sufriendo un linchamiento mediático, no debe seguir en la cárcel por falta de indicios de los delitos que se le imputan y ha destacado que siempre ha trabajado por España y ha cumplido con los servicios encomendados por todos los gobiernos y partidos.
Los fiscales, al igual que la acusación popular que ejerce Podemos, han incidido también en el riesgo de fuga que le facilitaría el patrimonio con el que cuenta, así como en la posibilidad de que una vez libre pueda incurrir en reiteración delictiva, teniendo en cuenta que siguió presuntamente delinquiendo estando ya jubilado.
Todos estos riesgos reforzados por las elevadas penas que se le podrían llegar a imponer dado el elevado número de delitos que se le atribuyen: cohecho, blanqueo, organización criminal, encubrimiento, revelación de secretos.
El juez García Castellón tiene ahora que decidir si prorroga la prisión, y que la ley permite alargar otros dos años como máximo, de acuerdo con el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Fiscalía tiene la intención de poder llevar a juicio a Villarejo por alguna de las 18 piezas que conforman ya la causa, algunas bastante avanzadas en su instrucción, antes de que se agoten esos otros dos años de prisión preventiva con el objeto de que su permanencia en la cárcel sea ya cumpliendo condena.
