El consejero andaluz de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, y su sucesor hasta 2010, Antonio Fernández, han negado hoy ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz cualquier responsabilidad sobre los ERE aprobados en sus mandatos, que han considerado legales.
Viera y Fernández han defendido la legalidad del convenio marco que firmaron el 17 de julio de 2001, como consejero y viceconsejero, que modificó el sistema de reparto de ayudas existente y que los portavoces del PP, Rafael Carmona, y de IU, Alba Doblas, han denunciado como origen del denominado fondo de reptiles.
Con este convenio se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas por unos 700 millones de euros cuya legalidad investiga la juez Mercedes Alaya, que ha imputado a unas sesenta personas.
Los exconsejeros han argüido que el convenio nació para agilizar ayudas urgentes frente a la crisis que sufría Andalucía, decisión que Fernández ha calificado de "política de Estado".
Viera sólo ha admitido posibles "irregularidades administrativas" en el reparto de estos fondos y, como Fernández, ha responsabilizado de cualquier ilegalidad a sus subordinados, en especial al director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, en prisión preventiva.
"La maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano; algunos hicieron un mal uso que debe perseguirse, y voy a colaborar en su persecución porque mis manos están limpias", ha apostillado Fernández, para quien el carácter "discrecional" de estas ayudas no significa que fuesen "arbitrarias".
El diputado popular Rafael Carmona ha disentido, pues, en su opinión, este convenio "no tiene rango de ley ni expediente de tramitación, ni ha pasado por el Consejo de Gobierno ni por la Intervención y no está publicado en ningún sitio".
Ha recordado que la Intervención General advirtió de la "ilegalidad" del procedimiento, a lo que Fernández ha contestado que las alegaciones presentadas por Empleo no fueron enmendadas, por lo que estimó que fue legal.
Los exconsejeros han asegurado que estas ayudas superaban más controles administrativos que otras y que estaban incluidas en la partida 31L de los presupuestos de la Junta de Andalucía que, "año tras año", aprobaba el Parlamento, donde eran conocidos y debatidos por la oposición.
La portavoz de IU, Alba Doblas, ha denunciado el reparto discrecional de ayudas a municipios del PSOE o con criterios de "clientelismo" y "amiguismo" y ha opinado que el hecho de que el Parlamento aprobara los presupuestos no significa que amparase el uso "irregular".
Viera y Fernández han negado que estas ayudas se debatiesen por el Consejo de Gobierno andaluz y han responsabilizado de su concesión a directores generales y otros subordinados.
Viera ha querido "dejar meridianamente claro" que estos fondos "son tan legales como los utilizados en Educación, en Salud o en Servicios Sociales; ni más, ni menos", y ha apostillado que "no hay ERE irregulares" porque "el ERE es un instrumento de nuestra legislación laboral".
Respecto a las acusaciones personales, Viera ha negado "rotundamente" ser amigo de políticos y empresarios de la Sierra Norte sevillana donde, ha precisado, no tiene ningún interés "personal" sino político y también ha negado conocer a aseguradoras o intermediarios de los ERE e incluso a las empresas donde trabajaban su hija y un cuñado, que recibieron subvenciones de su Consejería.
Fernández, que salió de prisión hace 14 días tras pagar una fianza de 450.000 euros, ha enfatizado: "Aunque algunos se lo apuntan, fui yo el que denunció la situación de Mercasevilla, el que ordenó investigaciones y el que no abonó algunas ayudas".
Preguntado por si tenía derecho a una prejubilación en González-Byass, empresa en la que trabajó y recibió ayudas de Empleo, Fernández ha dicho que aunque tenía "todas las condiciones subjetivas y objetivas", no lo firmó porque no le "dio la gana".
En su emocionada intervención final, que cerró una sesión que ha durado diez horas, ha defendido su inocencia, la legalidad de "todos" sus actos y ha aludido al "gran daño" personal y familiar que se le ha causado al indicar: "Menos la vergüenza y la dignidad, he perdido mi trabajo y casi todo".
Por la mañana, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas ha reiterado que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, le pidió que investigara a fondo las posibles irregularidades en estas ayudas y ha desvelado que se encontró varias veces con él y "siempre" le hizo "especial hincapié" en que había que colaborar con la justicia y realizar una "averiguación exhaustiva caiga quien caiga".
Viera y Fernández aseguran que los procesos aprobados en sus respectivos mandatos eran legales
