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Las víctimas ven legal el traslado de dos presos de ETA, del que recela el PP

Manifestación a favor del acercamiento de los presos. EFE
Manifestación a favor del acercamiento de los presos. EFE

Los dos reclusos, Olga Sanz y Javier Moreno, cumplían condena en el centro penitenciario de Asturias y, tras acceder recientemente al tercer grado penitenciario, pidieron su traslado

Las víctimas de ETA ven "absolutamente legal" el traslado de dos presos arrepentidos a la cárcel de Basauri (Bizkaia), un acercamiento que causa recelos en el PP por entender que forma parte de los "réditos" del Gobierno socialista al PNV por su apoyo a la moción de censura contra Rajoy.

Los dos reclusos, Olga Sanz y Javier Moreno, cumplían condena en el centro penitenciario de Asturias y, tras acceder recientemente al tercer grado penitenciario, pidieron su traslado a esa cárcel vizcaína.

Ambos formaron parte del comando Vizcaya de ETA que intentó asesinar al expresidente del PP vasco Carlos Iturgaiz y al exconsejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, aunque hace años se desmarcaron de la banda terrorista y pidieron perdón a sus víctimas.

De hecho Instituciones Penitenciarias explicó ayer que cumplían los requisitos establecidos por la ley: han cumplido tres cuartas partes de la condena, han abonado la responsabilidad civil, han pedido perdón a las víctimas, se han desvinculado de la banda terrorista, han renunciado expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades.

Quien sí ha respaldado sin matices el acercamiento de estos reclusos ha sido Podemos

El Gobierno ha recalcado este miércoles que el traslado de Sanz y Moreno es "un hecho puntual" y no un "gesto" hacia el PNV. Preguntada por el posible acercamiento a Euskadi de más presos de ETA, la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, ha dicho que se analizará "caso por caso, porque cada uno es distinto", y que todos deben cumplir los requisitos legales.

"No hay una decisión política; es un cumplimiento estricto de la legalidad", ha coincido el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que ha apuntado además que "es posible que haya nuevos acercamientos de presos de ETA antes de que acabe el verano", aunque siempre condicionados a una autocrítica previa.

Al PP no le han convencido estas explicaciones y a través de las redes sociales se ha preguntado si el traslado de Sanz y Moreno "es un pago más ante la exigencia de quienes le mantienen (a Sánchez) en Moncloa", en alusión al PNV.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, ha abundado en esta idea, al apuntar que le parece que los "réditos" al PNV por haber apoyado la moción de censura "empiezan a cobrarse", algo que a su partido le "preocupa".

Mucho más contundente ha sido el eurodiputado vasco del PP Carlos Iturgaiz, que fue objetivo del comando Vizcaya y que ha acusado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "entrar al juego que quieren los terroristas" al concederles el tercer grado.

Iturgaiz, que ha enviado una carta al ministro en la que afirma que ni Moreno ni Sanz se han puesto en contacto con él para pedirle perdón, cree que su pase al tercer grado se debe a "un peaje que el Gobierno de Pedro Sánchez paga a sus apoyos nacionalistas e independentistas, y que pasa por premiar a los verdugos y castigar a las víctimas".

Estas, sin embargo, se han mostrado conformes con el traslado a Basauri. Es una medida "absolutamente legal" y "totalmente ajustada a derecho", ha dicho a Efe la presidenta de las víctimas vascas (Covite), Consuelo Ordóñez, al tiempo que ha añadido que "jamás ha criticado ningún acercamiento" de presos "si se cumplen los requisitos" legalmente establecidos como en este caso.

También la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reconoce que el traslado "cumple con los requisitos establecidos por la ley", aunque el consejero de la entidad Miguel Folguera ha anunciado que estará "vigilante" ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.

Quien sí ha respaldado sin matices el acercamiento de estos reclusos ha sido Podemos, cuya secretaria de Feminismos y LGTBi y diputada por Asturias, Sofía Castañón, ha considerado que se trata de una forma de "salir del estado de excepcionalidad" en el que cree que se encuentra España en este ámbito. 

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