Velasco procede contra Granados por beneficiarse del chivatazo que le alertó

El juez Eloy Velasco ha acordado proceder conjuntamente contra Francisco Granados, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y el exasesor de la Comunidad de Madrid José Luis Caro por el soplo que alertó al exconsejero madrileño de que la Uco estaba investigando a su socio David Marjaliza.

Velasco ha adoptado esta decisión en un auto en el que acuerda que la "pieza 1 Talamino" de Púnica relativa a ese chivatazo continúe solo para Granados, Rodríguez Talamino y Caro Vinagre, "apartando y dejando al resto de imputados" en toda esta causa fuera de esta concreta investigación.

Según el juez, de las diligencias practicadas "se infiere la presunta participación" en estos hechos de Rodríguez Talamino como la persona que incurrió en un delito de revelación de secretos por alertar de la investigación a Marjaliza al guardia civil en excedencia Caro Vinagre, quien a su vez se convirtió en "cooperador necesario muy activo" de ese mismo delito, del que se benefició Granados, lo que también le hace partícipe de esa figura delictiva.

El miércoles Velasco interrogó a Caro Vinagre, aunque éste se acogió a su derecho a no declarar.

El auto relata cómo Talamino participó en la instalación por orden de la Uco de una cámara oculta en la puerta del despacho de Marjaliza para vigilar la entrada de "políticos, empresarios, funcionarios y colaboradores" que celebraban allí "reuniones de trascendencia para la investigación".

Al día siguiente de instalarla, el 6 de septiembre de 2014, se detectó un llamada entre Granados y Caro Vinagre, en la que éste le comentaba que la noche anterior un guardia civil le dio una información que "le sonó a advertencia" y mencionó a la Uco.

Granados le pidió entonces que recabara más datos de ese agente, que fue identificado gracias a la descripción que dieron de él por teléfono, ya que hablaron de que iba "rapado al cero", que era de Badajoz, que vivía en Valdemoro y que trabajaba en la Uco.

Más tarde, el exconsejero madrileño avisó a Marjaliza de que uno de la Uco había contado que "estaban haciendo cosas en la puerta" de su oficina, por lo que éste llamó a su secretaria Ana María Ramirez para avisarle de la vigilancia a su despacho.

Esta secuencia de llamadas, indica el juez, supuso que nuevos objetivos de la operación conocieran "la existencia de una posible investigación" lo que puso "en serio peligro el éxito de las pesquisas" y de hecho la cámara oculta tuvo que ser retirada.

Granados además hizo búsquedas en internet para comprobar a qué se dedica la Uco y "una simple consulta telemática permite ver que dicho grupo se dedica a la investigación de casos de corrupción", apunta Velasco.

"La reacción de Granados se deduce", dice el juez, de esta afirmación en una de sus conversaciones telefónicas: "Y eso tiene una pinta malísima, me he metío yo (se entiende por el contexto que en internet), y eso tiene una pintaaa".

A raíz de ese soplo, los objetivos de la investigación, especialmente Marjaliza, su secretaria, Granados, "y en menor medida" el por entonces alcalde de Valedemoro José Carlos Boza Lechuga, "comenzaron a adoptar unas medidas de seguridad adicionales, que obligaron a disminuir su frecuencia de llamadas y el contenido de las mismas", explica Velasco, quien sin embargo solo considera a Granados beneficiario de la revelación de ese secreto.