Unipost solicita su liquidación 

La liquidación se pide medio año después de que la empresa solicitara concurso voluntario de acreedores con un agujero patrimonial de unos 7 millones

La Guardia Civil registra la empresa postal Unipost en L'Hospitalet de Llobregat. QUIQUE GARCÍA
photo_camera La Guardia Civil registró la empresa postal Unipost por su supuesta vinculación con el 1-O. QUIQUE GARCÍA

La administración concursal de la compañía postal Unipost ha solicitado al Juzgado Mercantil 7 de Barcelona la apertura de la fase de liquidación de la empresa "al haberse reducido sustancialmente su volumen de negocio", según informó el bufete Jausàs, encargado de dicha administración. 

La firma asegura que la apertura de la fase de liquidación no cierra la puerta a la posible venta de la unidad productiva de la compañía a lo largo de los próximos meses. 

No obstante, por el momento, los administradores han optado por pedir la liquidación ante la "imposibilidad de satisfacer obligaciones a vencimiento con la tesorería generada por la explotación ordinaria del negocio". 

Asimismo, responde a la "inviabilidad del convenio de acreedores y a la dificultad encontrada hasta el momento para encontrar un fondo de inversión u otro inversor interesados en comprar la empresa. 

Así, la administración concursal ha propuesto el "cese parcial" de la actividad empresarial de Unipost, teniendo en cuenta que, en sus parámetros actuales, no es viable y la única opción es su liquidación, "bien a través de la venta de la unidad productiva dentro del plan de liquidación o mediante la venta individualizada de los bienes". 

La solicitud de liquidación se ha presentado al Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona, que está previsto se pronuncie a mediados del próximo mes de enero, una vez se abra el preceptivo plazo de alegaciones.

EN CONCURSO DESDE JULIO. La liquidación se pide apenas medio año después de que el pasado mes de julio Unipost solicitara concurso voluntario de acreedores con un agujero patrimonial de unos 7 millones de euros, dado que presenta unos activos valorados en 40,6 millones de euros frente unos pasivos de 47,4 millones. 

Posteriormente, en octubre, la compañía presentó una solicitud de expediente de regulación de empleo (Ere) para despedir a toda su plantilla, de unos 2.200 trabajadores en distintos centros de trabajo de España. 

La administración concursal ha señalado que, tras la presentación del Ere, "la delicada situación económica de la empresa se ha agravado" a lo largo de las últimas semanas. 

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