El Juzgado de Instrucción número 1 de León ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros a una empleada de Caja España-Duero, cuyas iniciales son M.C.S.V, acusada de haber estafado supuestamente a más de un centenar de personas, entre clientes y personas de su entorno.
En el procedimiento de diligencias previas abiertas por este caso en dicho juzgado de León, se ha requerido a esta mujer que preste la fianza, como responsabilidad civil, y se la ha citado para este asunto para el próximo día 27 de abril, según consta en la diligencia de ordenación emitida por parte del secretario del juzgado, con fecha de ayer y a la que ha tenido acceso hoy EFE.
De este modo, el secretario ha dado cumplimiento a lo ordenado por el juez en un auto del 20 de abril, cuando también se levantó el secreto de sumario dictado por este asunto en febrero.
En el auto con fecha 20 de abril, al que también ha tenido acceso hoy EFE, el titular de este Juzgado, Fernando Javier Muñiz Tejerina, ha pedido al secretario judicial que coteje las transcripciones de las intervenciones telefónicas practicadas por este caso, y se ha señalado para ello el día 15 de mayo de 2012 a las 17:30 horas.
Asimismo, ha pedido al Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria que facilite al Juzgado diversa documentación que utilizó supuestamente esta mujer, en un plazo de diez días, a contar desde la fecha del auto, es decir, el 20 de abril.
El pasado 16 de enero, el comité de dirección de Caja España-Duero acordó el despido de M.C.S.V. por su relación con un caso de una supuesta estafa en una sucursal de Caja España en Armunia (León), y que puede rondar los dos millones de euros, según informaron entonces a EFE fuentes de la entidad.
Sobre la trabajadora pesaba ya un expediente laboral por falta muy grave, tras sospechar que había creado un sistema financiero paralelo para captar dinero en efectivo de personas de su entorno y clientes de la caja con impresos con el membrete de la entidad y la promesa de unos elevados intereses que serían abonados en efectivo.
Según fuentes de la caja, las aportaciones de estas personas oscilarían entre los 30.000 y los 200.000 euros.
Una semana más tarde, la hermana de la acusada fue apartada de su puesto de trabajo como "medida preventiva" y le restringieron sus accesos a los sistemas de la entidad hasta que se aclarase si participó o no en el fraude.
