El Tribunal de Derechos Humanos condena a España por el trato a los etarras que atentaron en la T-4

El Gobierno Vasco dice que Madrid tiene que "tomar nota" de esta condena

Los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, en la Audiencia Nacional. EFE
photo_camera Los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, en la Audiencia Nacional. EFE

El Gobierno Vasco ha opinado que el Ejecutivo central debe "tomar nota" de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por los malos tratos infligidos durante la detención incomunicada de Igor Portu y Martín Sarasola, los dos etarras que atentaron en 2006 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por la resolución del TEDH hecha pública este martes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a los dos miembros de Eta que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006, a los que deberá indemnizar con 30.000 –Portu– y 20.000 euros –Sarasola– respectivamente.

SENTENCIA "CONTUNDENTE". El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque señala que el trato infringido a Portu y Sarasola no se puede calificar de tortura. 

Erkoreka ha indicado que la sentencia es "clara y contundente" y supone un "paso más" respecto a las otras ocho resoluciones que este tribunal ha dictado en relación con miembros de Eta, ya que en ellas se censuraba a España por no investigar las denuncias de torturas presentadas por los etarras y ahora el tribunal considera probada la existencia de tratos inhumanos o degradantes.

Por ello, el portavoz ha indicado que el Gobierno español "tiene que tomar nota", ejecutar por un lado la sentencia, que incluye sendas indemnizaciones por daños morales, y por otro adoptar medidas para que en el futuro no se puedan reproducir este tipo de actuaciones.

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