El Tribunal de Cuentas duda de los avales de la Generalitat y pide un informe urgente

En una nota de prensa, el Tribunal señala que tiene dudas sobre su suficiencia y legalidad ► El Govern los ve "impecables" y pide "no hacer política" con ellos
Sede del Tribunal de Cuentas de Madrid. GOOGLE MAPS
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El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el "procés" en el exterior con dinero público y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado

En una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que tiene dudas sobre la suficiencia y legalidad de los avales, "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada". 

Por ello, la delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado. 

El plazo para presentar los avales a las fianzas impuestas a 34 ex altos cargos catalanes expiraba la medianoche de ayer y el Tribunal de Cuentas debía decidir si los aceptaba, toda vez que provienen del ICF, organismo perteneciente a la Generalitat catalana. 

El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos presuntos responsables no han presentado fianza y ha avisado de que una vez terminado el plazo el Tribunal emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas. 

El viernes pasado el Tribunal de Cuentas recibió los avales procedentes del ICF de 29 de los 34 encausados por vía telemática. El gobierno de la Generalitat aprobó, a través de un decreto, la creación de un fondo de 10 millones de euros para que en caso de que ningún banco aceptara avalar las fianzas, fuera el ICF el organismo que los diera. 

De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse a dicho fondo, mientras que según señalaron fuentes de la consellería de Economía, otros cuatro rehusaron acudir al ICF y habían optado por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal. 

En todo caso, el Gobierno de Pere Aragonès ya avanzó ayer que si los avales del ICF eran rechazados por el Tribunal de Cuentas, explorarían un plan alternativo.

El Govern ve "impecables" los avales y pide "no hacer política" con ellos

Por su parte, la portavoz del Govern de Cataluña, Patrícia Plaja, ha defendido este martes la legalidad de los avales, "jurídicamente impecables —ha dicho—", para la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, al que ha instado a "no hacer política" en este asunto.

Tras la reunión semanal del Govern, Plaja ha remarcado que "no hay ningún motivo objetivo" para rechazar esos avales, por lo que ha pedido al Tribunal de Cuentas que "deje de hacer política" y "atienda a criterios estrictamente jurídicos".

El Govern defiende estos avales "sin dudas ni fisuras" y confía en que el Tribunal de Cuentas los "aceptará", por lo que de momento no quiere poner sobre la mesa "un plan B", aunque sí "continúa buscando una entidad bancaria" que se haga cargo de la operación.

En su reunión de este martes, ha asegurado Plaja, el Govern no ha tratado la división interna que provocó en el seno del ICF el debate sobre los avales, que se saldó con la dimisión de tres miembros de la junta de gobierno del organismo financiero de la Generalitat.

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