El Tribunal Constitucional aplaza al lunes el pleno sobre la reforma legal del Gobierno

El PP presentó un recurso con el que pretende paralizar los cambios en el Poder Judicial, mientras PSOE y Podemos se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo ►La presión 'in extremis' de los grupos políticos obliga a posponer el decisivo cónclave ►Los letrados alertan de problemas técnicos para acometer esta reforma
Una persona pasa por delante del Tribunal Constitucional. JESUS HELLIN (EUROPA PRESS)
photo_camera Una persona pasa por delante del Tribunal Constitucional. JESUS HELLIN (EUROPA PRESS)

El Constitucional ha decidido aplazar hasta el lunes la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio alto tribunal que se pretenden aprobar este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.

Fuentes jurídicas han informado de que el pleno extraordinario del tribunal de garantías convocado para estudiar esta cuestión debe resolver primero sobre las recusaciones planteadas por Unidas Podemos de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

Esta decisión tiene como consecuencia que el Congreso dispone de vía libre para aprobar este jueves las enmiendas, que era justo lo que pretendía evitar el PP con su cautelarísima en caso de que los magistrados hubieran atendido su petición.

González-Trevijano ha tomado esta decisión a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados progresistas que le han solicitado que aplace el pleno convocado para las 12:00 horas.

Pedro González-Trevijano, en una imagen de archivo. AEP
Pedro González-Trevijano, en una imagen de archivo. AEP

El motivo es disponer del "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana".

Todo ello, precisan, les "imposibilita poder participar en la deliberación y votación". Este grupo lo componen los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.

Ocurre que la jornada ha sido frenética sin haber celebrado el pleno, que estaba fijado a las 10.00 pero que se tuvo que retrasar a las 12.00 y más tarde a las 13.00 horas para finalmente aplazarlo.

Presión 'in extremis' de los grupos políticos

El desencadenante ha sido el goteo desde la noche del miércoles hasta primera hora de este jueves de escritos presentados por distintos grupos parlamentarios, PSOE, Unidas Podemos y Vox, que exigen tiempo al tribunal para estudiarlos, en particular la recusación de Unidas Podemos que considera que el presidente y Narváez tienen el mandato caducado.

Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver primero las recusaciones y ya después sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, que con esta decisión ve cómo no podrá evitar la aprobación este jueves en el Congreso de la reforma legal.

Los populares presentaron este miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasaba por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal.

En ella solicitaban al Constitucional que se pronunciara antes del pleno de este jueves para que esas enmiendas no se pudieran aprobar en caso de que los magistrados atendieran su petición.

Vox ha seguido los pasos del PP y en un recurso de amparo registrado este jueves pide al tribunal de garantías suspender la tramitación de la proposición de ley de reforma del Código Penal y declarar su nulidad por haber sido incluido en el orden del día del pleno del Congreso.

Pero además, el grupo socialista y Unidas Podemos presentaron en la noche del miércoles sendos escritos en el Tribunal Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.

Los socialistas advierten de que un paralización del proceso legislativo "impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos" y para Unidas Podemos "es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F".

Los letrados alertaron de problemas técnicos para la reforma del CGPJ y el TC

Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso alertaron a los portavoces parlamentarios de los problemas técnicos de incluir en la proposición de ley de reforma del Código Penal las enmiendas sobre el sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

Fue en la reunión del lunes de la Ponencia previa a la reunión de la Comisión de Justicia que después aprobó la amplia reforma del Código Penal propuesta por los partidos del gobierno de coalición y que, además de los cambios en el Poder Judicial, incluye el fin del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación.

Los letrados hicieron diversas observaciones verbales de carácter técnico sobre la inclusión en la reforma del Código Penal de alrededor de una docena de enmiendas, entre ellas las presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de mayorías del CGPJ cuando elige a los magistrados del Constitucional.

Unas observaciones que la Ponencia acordó incluir en su dictamen pero que no figuran en el acta de la Comisión de Justicia celebrada después.

PP, Vox y Ciudadanos defienden que los servicios jurídicos advirtieron de la posible inconstitucionalidad de incluir las enmiendas 61 y 62 sobre el Poder Judicial

Según el PP, Vox y Cs, los servicios jurídicos advirtieron de la posible inconstitucionalidad de incluir las enmiendas 61 y 62 sobre el Poder Judicial, mientras que el PSOE y otros grupos señalan que solamente precisaron que no se ajustaban al contenido inicial de la proposición de ley de reforma del Código Penal.

Tanto el portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, como el de Vox, Javier Ortega Smith, ya expresaron su queja en la reunión del lunes por que la Mesa, presidida por el socialista Felipe Sicilia, no atendiera las observaciones de los letrados.

Santamaría criticó que no se valorara la "antijuridicidad" de las enmiendas y Ortega Smith habló de fraude "procesal", ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso.

El Gobierno dice que el PP comete "un atropello institucional sin precedente"

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que la petición del PP ante el Tribunal Constitucional para frenar los cambios en el Poder Judicial es "un atropello institucional sin precedente" que espera que no sea aceptado.

Rodríguez, que este jueves visita la isla de La Palma, ha opinado que esta situación es "grave" y preocupa al Gobierno ya que, a su juicio, se trata de amordazar la voluntad popular que se expresa en la urnas y que está representada en el Congreso de los Diputados.

"Cuando el PP no ocupa las instituciones, lo que hace es que las bloquea", ha dicho la ministra, que ha afirmado que esto ha hecho el principal partido de la oposición en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además de cuestionar la legitimidad del Gobierno "y en definitiva lo que está haciendo es poner en duda la democracia".

Se trata de un hecho "absolutamente grave, excepcional y nunca se había dado una circunstancias de estas características en la democracia española", ha agregado.

La ministra ha señalado que se trata de un "ataque y un atropello" del PP a las instituciones que quiere cercenar la soberanía popular y ha afirmado que se trata de un ejemplo más de la forma de actuar del PP que no reconoce la legalidad del Gobierno y bloquea las instituciones como el CGPJ.

"Esto (la petición al Tribunal Constitucional de medidas cautelarísimas) consolida esta forma de ser de yo gano o nada vale", ha dicho Rodríguez, que ha confiado en que no se acepte la propuesta porque el Congreso es la voz de los ciudadanos, "es el Poder Legislativo y ningún otro poder puede cuestionar esta tarea que es la base de nuestra democracia".

El PP respeta la decisión del TC pero habría querido una respuesta rápida

El Partido Popular admite que le hubiera "gustado tener una respuesta rápida" del Tribunal Constitucional ante su petición de medidas cautelarísimas para frenar la tramitación de los cambios en el Poder Judicial, pero expresa su respeto ante la decisión de este órgano de aplazar el lunes su respuesta.

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo han subrayado que seguirán "combinando la acción política con la vía judicial para combatir" lo que consideran "desmanes legislativos" del PSOE, contra el que cargan porque a su juicio "ni con sus formas ni con su fondo convencen ni siquiera a los que militan en su partido".

"Nos habría gustado tener una respuesta rápida a unas decisiones adoptadas por parte del Gobierno que vulneran los derechos de los diputados de las Cortes generales y que comprometen las garantías del sistema parlamentario español", indican estas fuentes.

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