Tragsa ejecutará el Ere aprobado por el Supremo reduciendo los despidos

La empresa pública no concreta en que medida reducirá la destrucción de puestos de trabajo

El Grupo Tragsa ha comunicado a los representantes de los trabajadores que llevará a efecto la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ajustado a derecho el despido colectivo que extinguió los contratos de 726 trabajadores, aunque ha informado que reducirá el número de despidos, sin precisar cifra.

El Tribunal Supremo ha avalado el procedimiento de despido colectivo acordado por la empresa pública en 2013, que extinguió los contratos indefinidos de 726 trabajadores por razones económicas, productivas y organizativas con una indemnización de 20 días por año, la fijada por la ley para este caso.

En un comunicado, Tragsa ha apuntado que, tras consultar a los Servicios Jurídicos del Estado, procederá a modular el número de extinciones de contratos inicialmente previsto, en función de las actuales circunstancias productivas, económicas y organizativas, lo que reducirá el número de despidos autorizados en la sentencia del alto tribunal.

Ha recordado que el Supremo acordó por unanimidad estimar el recurso de casación de la empresa y revocó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Procedimiento de Despido Colectivo de Tragsa y de Tragsatec.

El Tribunal consideró que éste estaba ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la ley establece y que se negoció de buena fe.

Según el Grupo Tragsa, a lo largo de todo el proceso, la empresa siempre estuvo abierta a la negociación y "apostó por alcanzar acuerdos tendentes a atenuar el impacto de las medidas de ajuste y reestructuración".

En este sentido, ha remarcado que en junio, antes de conocerse la sentencia, "propuso a la representación social un Plan de Viabilidad a cinco años que constaba de medidas voluntarias y no traumáticas, y medidas de flexibilidad laboral, pero no fue aceptado por los representantes de los trabajadores".

Ha afirmado que el retraso de dos años en la aplicación de medidas de reestructuración y de reducción del gasto de personal debido al proceso judicial pendiente "incrementó las ineficiencias productivas y organizativas del Grupo, provocando una situación de pérdidas que la ejecución de la sentencia permite resolver".

Comisiones Obreras ha manifestado en un comunicado "su indignación ante las acusaciones realizadas por la empresa de que fue la representación social la que no quiso negociar el plan de viabilidad".

El sindicato ha señalado que "seguirá luchando para mantener los puestos de trabajo, insistiendo en mantener reuniones con Sepi, Hacienda y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente" y que continuarán las movilizaciones a partir del 12 de enero, fecha en que ha convocado a una huelga de 24 horas en Tragsatec y una manifestación en Madrid.

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