Torres-Dulce vería positivo que la causa contra Chaves y Griñán pasasen al Supremo

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que sería positivo para la clarificación y la agilidad del proceso que la juez de los ERE, Mercedes Alaya, remita al Tribunal Supremo la causa contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Torres-Dulce ha mostrado su respeto por el trabajo de la jueza de instrucción, pero ha estimado que sería positivo para la clarificación y la agilidad del proceso que se adopten las medidas que la Fiscalía Anticorrupción le ha solicitado y que espera que acepte.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de los ERE que abra una pieza separada para cada una de las ayudas investigadas a fin de "simplificar y activar el procedimiento" y que remita al Supremo la causa contra Chaves y Griñán.

A estas alturas del procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción entiende que ha llegado la hora de que se parcele para poder dar respuestas más ágiles y eficaces al objeto del proceso, ha explicado el fiscal general del Estado.

Una vez delimitado en el marco de la investigación que ciertas personas pudieran tener responsabilidades penales, si éstas gozan de un aforamiento, se ha mostrado partidario de que se derive la responsabilidad a quien tiene el fuero para poder juzgarla que es la Sala segunda del Tribunal Supremo.

Ha subrayado que su obsesión, que comparte con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es "equilibrar" el mantenimiento de un sistema procesal de extraordinarias garantías y derechos procesales como el español, que es un paradigma entre todos los países civilizados, con un horizonte de mayor eficiencia y agilidad.

Torres-Dulce ha resaltado que la presencia del Ministerio fiscal exige la mayor diligencia y exigencia en la fase de instrucción para que cuanto antes se delimiten los objetos del proceso y las personas concernidas y se practiquen aquellas pruebas necesarias para probar la inocencia o la culpabilidad de las personas afectadas.

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