Díaz tendrá que acudir a la comisión que investiga los cursos de formación

Los grupos del Parlamento andaluz, salvo el PSOE, piden su presencia, la de los expresidentes Griñán y Chaves y la de Báñez
La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz
photo_camera La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y, posiblemente, los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves tendrán que comparecer en la comisión que investiga en el Parlamento regional el presunto fraude de los cursos de formación de la Junta, petición que cursarán el PP, Podemos y Ciudadanos.

El grupo de Ciudadanos ha confirmado que solicitará la comparecencia de la presidenta, petición que sumará a las del PP y Podemos, que ya habían anunciado la propuesta y que quieren también que comparezcan los expresidente de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La formación naranja demandará también que acuda a la comisión la la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez.

No obstante, serán el interventor general de la Junta y los ocho interventores provinciales los que abrirán las comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos de formación, probablemente en la primera semana de febrero, según han acordado este martes todos los grupos que conforman este órgano.

En la reunión, que ha durado menos de una hora y media, se ha aprobado también que el plazo para presentar las solicitudes de comparecencia por parte de cada una de las formaciones finalice el próximo martes 26 a las 19.00 horas, en un primer listado que podrá complementarse posteriormente con una segunda ronda de declaraciones si fuera necesario.

Según han informado los representantes tanto de IU como de Ciudadanos al término del encuentro, se ha acordado asimismo que el presidente de la comisión, Julio Díaz (C's), remita un escrito al Gobierno andaluz sobre la necesidad de que aporte la documentación que tenga digitalizada.

Además, Díaz va a dirigirse por escrito tanto a instituciones como a otros gobiernos a los que se había pedido que enviaran información —entre los que se encuentran la Comunidad de Madrid o el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), entre otros— para reclamarles que lo hagan, ya que "no están respondiendo a dicha solicitud".

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