El Ministerio de Sanidad ha facilitado la identidad de los expertos que elaboraron los informes de la desescalada, y que se corresponden con los 14 trabajadores del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón y un epidemiólogo externo.
Sanidad ha respondido así a la petición que en este sentido le formuló Maldita.es el 7 de mayo, un día después de que Simón aludiera en una comparecencia a este grupo de expertos de los que se negó a dar sus nombres para evitar que sufrieran "presiones" y pudieran "trabajar en libertad".
Los nombres proporcionados por Sanidad son, además del propio Simón, María José Sierra, Berta Suárez, Pello Latasa, Carmen Varela, Pilar Soler, Elena Vanessa Martínez, Lucía García, Oscar Pérez, Susana Monge, Carmen Olmedo, Silvia Rivera, María C. Vázquez, Paloma González y Javier Segura.
Solo el último no pertenece al CCAES. Segura, según consta en el documento, es epidemiólogo y salubrista y ha ejercido diversos puestos de responsabilidad relacionados con la salud pública en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y actualmente es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública.
No obstante, en su respuesta, el departamento que dirige Salvador Illa especifica que en la elaboración de los informes, que se hicieron de manera coordinada con las comunidades, participaron tanto los técnicos del ministerio como de las consejerías de Sanidad.
Por ello, solo facilita la identidad de "los técnicos adscritos en las unidades responsables del Ministerio de Sanidad". "Respecto de los profesionales de las comunidades autónomas que participaron en el proceso (...), debe solicitarse a las respectivas comunidades autónomas", explica.
En la elaboración de informes participaron técnicos del ministerio y de las consejerías
También ofrece los nombres que asesoraron al ministro y al presidente del Gobierno sobre el nuevo coronavirus y que entonces se llamó Comité Científico Técnico Covid-19, una denominación "meramente nominativa o identificativa, sin que se puedan inferir consecuencias jurídicas de la misma".
En este caso son Fernando Simón, Antoni Trilla (jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clinic de Barcelona); Hermelinda Vanaclocha (subdirectora general de Epidemiología de la Comunidad Valenciana) y María Teresa Moreno-Casbas (directora de la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto Carlos III).
También Agustín Portela, responsable del Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos de Productos Biológicos de la AEMPS; Inmaculada Casas, viróloga del Centro Nacional de Microbiología; y Miguel Hernán, profesor de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
"Posteriormente, se incorporaron" José Antonio Pérez, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, y Domingo Casal, director del programa VIH/sida en el Hospital de la Santa Creu i San Pau.
Ninguno de ellos, asegura Sanidad, fue retribuido por su participación, "no efectuaron declaración de intereses alguna al no tener capacidad decisoria ni elaboraron dictámenes o documentos".
