El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la presentación de forma inmediata en el Congreso de una proposición de ley para reemplazar el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados", con penas más bajas. El socialista, en una entrevista en La Sexta, ha avanzado que esa proposición será presentada este viernes por el grupo socialista y Unidas Podemos en el registro de la Cámara baja.
El jefe del Ejecutivo ha defendido las decisiones "valientes y audaces" que ha ido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará este viernes para homologar el Código Penal, ha dicho, a las principales democracias europeas.
El delito de sedición, que ha recordado que fue redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de "desórdenes públicos agravados", lo que considera "un paso definitivo" para la modernización de estos tipos delictivos.
Sánchez ha negado que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y ha recordado que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Con todo, ha dicho que en las últimas semanas ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición.
Más allá de este punto, el presidente ha asegurado que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española. "Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito", ha recalcado.
Un compromiso que vuelve tres años después
El anuncio del presidente del Gobierno supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años. Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales.
El debate político sobre la reforma de este delito se reabrió recientemente durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2023, aunque tanto el Gobierno como ERC desvincularon ambas cuestiones. El Gobierno aseguró que mantenía su intención de reformar el delito de sedición, pero señaló que no contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo. Y el PP aprovechó la confirmación de las intenciones del Gobierno sobre esta reforma para suspender la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Reacciones: del PP a ERC
Conocido el anuncio de Pedro Sánchez, el PP ha acusado al presidente del Gobierno de "humillar" a los españoles al "rendirse" y pactar la reforma del delito de sedición precisamente con los "sediciosos" y como "moneda de cambio" con el independentismo para facilitar su permanencia en la Moncloa un año más.
Fuentes del PP han subrayado que las leyes no pueden redactarse "en la sede de ERC" por la conveniencia política de Pedro Sánchez y ni la Constitución ni el Estado de Derecho "pueden rendirse" a las necesidades de ningún dirigente político y menos "a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación".
"En ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos", han asegurado las fuentes, que consideran que Sánchez ha renunciado a ser el presidente de todos los españoles porque el país no comparte las prioridades políticas "de un Gobierno rendido a políticos fugados".
Mientras, ERC ha celebrado este jueves la "supresión del delito de sedición" como un "gran paso adelante" para "acabar con la represión política por el conflicto entre el Estado español y Cataluña". Según Esquerra, "no habría sido posible sin la negociación política entre los dos gobiernos, y no habría sido posible sin la apuesta de ERC por la vía negociada para acabar con la represión".
También el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, considera que el anuncio del presidente del Gobierno de que el PSOE y Unidas Podemos impulsarán la reforma del delito de sedición es "un paso adelante" y "una buena noticia". "A la espera de conocer la literalidad final de la proposición de ley, este anuncio es una buena noticia y un paso adelante. Y estoy seguro, como ya dijimos, que en el Congreso hay la mayoría suficiente para reformar el Código Penal", ha asegurado Bel en un mensaje en redes sociales.
¿Qué dice ahora el Código Penal?
El delito de sedición está incluido entre los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen "pública y tumultuariamente" para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Está penado con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre ocho a diez si se trata de los líderes de la sedición y de entre 10 y 15 años si quien se alza es una autoridad, que quedará también inhabilitada.
En octubre de 2019 el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes del procés sometidos a juicio. La pena mayor, de trece años, recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, condenado también por malversación, como los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Antes de esa condena se habían abierto procedimientos por sedición contra algunos ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento catalán o incluso contra ediles, pero acabaron archivadas por la ausencia de protestas tumultuarias y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.
También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma por el caos aéreo que se generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono de servicio tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y reconocer los hechos.
¿Como afectaría una reforma a condenados o huidos?
Del alcance de la reforma que baraja el Ejecutivo dependerá su impacto en los líderes del procés condenados, cuyo indulto está recurrido y que podrían beneficiarse de una eventual rebaja de la pena de inhabilitación.
Una reforma de la sedición también podría beneficiar a los dirigentes independentistas prófugos de la Justicia española, como el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont o el exconseller Toni Comín, ambos eurodiputados.
No obstante, no quedarían libres de una eventual condena a prisión aunque el delito de sedición fuera derogado o rebajado a penas mínimas, ya que podrían ser buscados también por malversación, delito castigado con entre dos años y seis de prisión.
