El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado un delito de apropiación indebida al ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta por consentir presuntamente que Luis Bárcenas se apropiara y ocultara luego en Suiza fondos depositados en la llamada caja B del partido provenientes de donativos de empresarios.
Según el auto de citación del juez, que le emplaza para el próximo viernes a las 12.30 horas, le imputa ese delito porque Bárcenas se habría quedado los fondos que depositó en sus cuentas en bancos suizos "con el consentimiento de Álvaro Lapuerta, prevaliéndose de sus cargos en la formación política y de la opacidad de la referida contabilidad paralela".
Lapuerta ya estaba imputado en la pieza del caso Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas, donde se investiga, recuerda el juez, "la llevanza por Luis Bárcenas y por Álvaro Lapuerta de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular que se nutriría, con carácter general, de donativos efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Dentro de esta pieza compareció por última vez ante el juez Ruz el pasado noviembre, cuando negó haberse enriquecido ilícitamente y destacó que el origen de sus fondos es conocido.
Aseguró asimismo que dijo la verdad en sus anteriores declaraciones ante el fiscal anticorrupción en febrero y ante el juez en marzo, cuando dijo no haber visto nunca los papeles y no reconoció los donativos de empresarios y pagos a altos cargos del partido que en ellos se muestran.
Ahora, el juez imputa a Lapuerta un delito de apropiación indebida respecto a los fondos "de procedencia indiciariamente ilícita de Luis Bárcenas inicialmente depositados en Suiza", donde este último llegó a acumular 48,2 millones de euros.
Añade que de lo investigado se extrae que el origen de parte de estos fondos ingresados en cuentas suizas y españolas a nombre de Bárcenas y de su mujer, Rosalía Iglesias, "podría proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión" tenía encomendada Bárcenas, por lo que habría actuado con el consentimiento de Lapuerta.
A este respecto, recuerda el juez que Bárcenas se podría haber apropiado al menos de 150.050 euros del PP depositados en Suiza y que, por otra parte, podría haber sustraído en 2004 149.600 euros de la supuesta contabilidad opaca del PP con la connivencia de Lapuerta, dinero que usó supuestamente para pagar un piso.
En el mismo auto, el juez acuerda pedir al PP que remita "sus estatutos en la redacción vigente" de 2000 a 2009 y que le comunique todos los cargos que ocupó en el partido entre 2000 y 2005 el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por dar un supuesto trato de favor a empresas de la trama Gürtel cambio de comisiones.
Ruz imputa el extesorero del PP en Castilla-La Mancha por el contrato a Sufi
El juez también ha imputado al extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Toledo, Lamberto García Pineda, en relación con el contrato otorgado por el consistorio a la empresa Sufi para el servicio de limpieza y recogida de basuras.
Ruz, que le ha citado a declarar el próximo 24 de julio, ha adoptado esta decisión en un auto tras recibir el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), que concluye que la contratación de Sufi, filial de Sacyr, podría ser nula de pleno derecho porque cuando ya se estaba ejecutando el contrato se adoptó una modificación del precio omitiendo el procedimiento legalmente establecido.
A la luz del informe de la IGAE, fechado el pasado 9 de junio, Ruz observa que en la fase de ejecución del contrato, el 21 de mayo de 2007 se produjo un preacuerdo entre Sufi y los trabajadores a raíz de un conflicto laboral en el que se introdujeron incrementos salariales, que fue suscrito en un protocolo con el vicealcalde y concejal de Hacienda, que en esas fechas era García Pineda.
Este acuerdo fue posteriormente ratificado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo el 23 de mayo de 2007, y la IGAE considera que se adoptó omitiendo el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos por lo que podría considerarse nulo de pleno derecho de acuerdo con el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Ruz trata de averiguar si, tal y como declaró el extesorero del PP Luis Bárcenas, se produjo una entrega por parte de Sacyr Vallehermoso de 200.000 euros para la campaña electoral de la actual presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para las autonómicas de 2007, a cambio de la adjudicación a Sufi, que le fue concedida por el Ayuntamiento de Toledo el 15 de enero de 2007.
Con respecto a esta adjudicación, Ruz ya tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, al que, según el propio Bárcenas, le dio los 200.000 euros de Sufi y para demostrarlo entregó al juez los correspondientes recibís firmados por éste.
Sin embargo, Cañas negó ante el juez haber recibido ese dinero y explicó que le firmó a Bárcenas unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.
Con estas nuevas diligencias, el juez trata también de constatar "el grado de participación" que en estos hechos "hubiera podido tener persona o personas aforadas" y que de confirmarse supondría la remisión de esta parte de la instrucción al Tribunal de Justicia de Castilla La Mancha.
Esto es así, porque según el relato de Bárcenas, sobre el pago de esta comisión al PP a cambio de la adjudicación a Sufi, estaba también enterado el actual presidente de las Cortes de esta comunidad, Vicente Tirado, que entonces era secretario general del PP en Castilla-La Mancha.
