El expresident Carles Puigdemont ha advertido este lunes al PP y al PSOE que la "única manera" de cumplir sus promesas de lograr su extradición pasaría por incumplir la ley: "¿Qué harán? ¿Me secuestrarán, como en la época en que el Estado español estuvo involucrado en la guerra sucia del GAL?".
Así se ha expresado Puigdemont en rueda de prensa desde Cerdeña (Italia), después de que el Tribunal de Apelación de Sassari haya suspendido el procedimiento sobre la entrega a España del expresident, a la espera de que se pronuncie la justicia europea sobre su inmunidad como eurodiputado y la cuestión prejudicial. Desde Sassari, Puigdemont ha replicado al presidente del PP, Pablo Casado, que este domingo garantizó que su partido traerá al expresidente de la Generalitat ante el Tribunal Supremo, aunque para ello tenga que "viajar hasta el último país de Europa".
Puigdemont ha recordado que eso "mismo" dijo en campaña electoral el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha advertido: "Los dos han hecho promesas políticas de que me extraditarán. No sé cómo lo piensan hacer cumpliendo la ley, porque las dos únicas maneras que tienen para hacerlo son ilegales".
Una vía, ha dicho, sería "intervenir como políticos en decisiones que pertenecen al poder judicial", lo cual sería "feo", y la otra sería "más peligrosa" porque implicaría volver a los tiempos en que "desde el Estado español se financió la guerra criminal contra Eta".
"Casado y Sánchez solo tienen estas dos vías para cumplir su promesa electoral, y las dos los dejan fuera de la UE", ha alertado Puigdemont, que ha denunciado que "PP y PSOE comparten el mismo compromiso".
Así, ha pedido al Estado que corrija su estrategia tras acusarles de utilizar el poder judicial para conseguir objetivos políticos, al considerar que es un camino que no les ha servido para lograr resultados positivos. "Es momento de decirle a España, basta. ¡Basta! Basta de seguir un camino que no le da ha dado ningún resultado positivo, un camino que dificulta una resolución política de un conflicto político, el conflicto entre Cataluña y España, que consiste en negar a los catalanes a ejercer el derecho a la autodeterminación", ha sostenido acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Agostinangelo Marras y del jefe de su oficina, Josep Lluís Alay.
Según Puigdemont, el Estado ha intentado que él y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig no puedan hablar, moverse y circular por Europa —en sus palabras—, y también que no puedan hacer "acción política ni tener voz a favor de la independencia de Cataluña y para denunciar los estándares españoles, que son contrarios a los europeos". "Estos estándares sitúan al Estado fuera del marco de acción de la UE. Es el momento de decirlo claro, y cuatro años después nos hemos ganado el derecho a decirlo con claridad", ha recalcado el expresidente catalán, tras constatar que tras comparecer ante tres jurisdicciones diferentes —la belga, la alemana y la italiana— en los últimos cuatro años, no han conseguido que se le extradite.
