El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a cinco investigados por negocios de la trama Púnica en León, entre ellos al expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez, al alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y al presunto "conseguidor" Alejandro de Pedro.
Además de para estos tres, el juez ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), para el exalcalde de Cartagena (Murcia), José Antonio Alonso Conesa y para el exinterventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez, así como para las sociedades de reputación online de De Pedro: Eico y Madiva.
Martínez, que estuvo mes y medio en prisión cuando estalló el caso Púnica, se puso en manos de De Pedro y Conesa "en materia de asesoramiento político, reputación digital y concertación en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro (Léon), así como otros de publicidad que eran exclusivamente retributivos de sus servicios", explica el auto.
Martínez, que estuvo mes y medio en prisión cuando estalló el caso Púnica, se puso en manos de De Pedro y Conesa "en materia de asesoramiento político, reputación digital"
A su vez, De Pedro "se prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular" como la secretaria general María Dolores de Cospedal o el exvicesecretario general Carlos Floriano la información que le facilitaba Martínez "sobre los apoyos de que gozaba en el partido en León, con el objetivo" de consolidarse como presidente del PP en esa provincia.
Velasco, que da 10 días a la Fiscalía y a la acusación popular para presentar sus escritos de acusación, ha adoptado esta decisión al estimar que existen indicios racionales de que estas cinco personas pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos.
De todo lo investigado sobre León, el juez ha deducido que Alonso Conesa y De Pedro, a través de EICO y Madiva, "realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares". Según el juez, "esta manera de proceder les permitía no solo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros".
Hicieron "uso de la red de diarios digitales que ya existía en la etapa de la anterior presidenta de la Diputación, a través de los cuales se proyectaba una imagen favorable del titular de la Presidencia"
De este modo, con el objeto de consolidar su cargo, Marcos Martínez, que accedió a la Presidencia de la Diputación de León tras el asesinato de Isabel Carrasco, acudió a los servicios de De Pedro y a la asesoría de Conesa. Para ello, hicieron "uso de la red de diarios digitales que ya existía en la etapa de la anterior presidenta de la Diputación, a través de los cuales se proyectaba una imagen favorable del titular de la Presidencia".
A esto añade el juez la existencia de "un interés mutuo" en diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí de San Isidro consistentes en la mejora y explotación de las pistas de esquí y para la gestión de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas. Por un lado, Martínez podría presentar este proyecto de inversión como un logro de cara a las elecciones, y, por el otro, De Pedro y Conesa obtenían la retribución que ello suponía para sus empresas. En esta operación de promoción de la estación de esquí participaron además el alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez y el interventor de la Diputación Jesús Manuel López.
Velasco indica que el procedimiento adecuado para adjudicar todos estos servicios hubiera sido la convocatoria de un procedimiento de contratación pública o hacer uso del gabinete de prensa del que dispone la Diputación, "más aún cuando la relación de servicios no ha sido episódica sino que se remonta al periodo" en el que la presidía Carrasco
