Uno de los acreedores del grupo Marsans ha presentado la primera querella contra el nuevo propietario, Ángel de Cabo, y su mano derecha, Iván Losada, por su presunta mala gestión al frente del conglomerado, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes y de agravamiento de la situación de insolvencia.
Según el escrito, que será analizado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, también figuran entre los querellados los antiguos dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que ya afrontan otros procesos penales por supuesta apropiación indebida de los fondos del grupo turístico.
La querella presentada por el acreedor, que a día de hoy reclama unas deudas de 1,38 millones de euros, se basa en las irregularidades detectadas por la administración concursal de Marsans y que fueron reflejadas en el informe provisional de situación patrimonial presentado en diciembre de 2010.
En concreto asegura que De Cabo obliga a las sociedades que se han acogido a un proceso de insolvencia a contratar personal de Posibilitum que va "realizando operaciones ilícitas dentro del procedimiento concursal, otorgándoles una apariencia de licitud que es falsa, pues además de agravar la insolvencia de la empresa la van descapitalizando".
Iure Abogados subraya que esta forma de actuar se ha llevado a cabo en otras empresas en las que ha intervenido Ángel de Cabo, como prueba de que su mano derecha Iván Losada sea administrador en 26 sociedades, mientras que Jesús Alonso Galindo y Leoncio Jacinto Ciudad Morano, dos de sus hombres de confianza, aparecen como administradores en 18 y en 19 compañías, respectivamente.
A esta actuación se añade la salida de efectivo de Marsans por importe de 1,15 millones de euros en junio de 2010, a veces, a destinatarios desconocidos.
En otras ocasiones, esos fondos fueron a parar directamente a empresas vinculadas a Ángel de Cabo, como el despacho de abogados Aszendia, que recibió 200.000 euros sin que conste una factura por el asesoramiento prestado a Marsans en su proceso de insolvencia.
IURE Abogados considera que Díaz Ferrán y Pascual cometieron supuestamente un delito de insolvencia punible y también de agravamiento de la insolvencia del grupo, a lo que hay que añadir un posible delito de estafa.
