Como si de un pacto de Estado se tratase, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para rescatar en el Senado la ley Sinde que el Congreso no pudo aprobar el pasado mes de diciembre. Lo harán a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.
La enmienda a la famosa disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenida fue acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo. Sobre la bocina, aunque como se venía especulando, socialistas y populares se dieron la mano para reflotar la impopular medida que causó profundo malestar entre los internautas. También CiU dio su visto bueno.
El nuevo texto enmendado tendrá ahora que ser votado en el pleno del Senado, algo que ocurrirá previsiblemente en febrero. Después, su camino quedará expedito para salir aprobado en el Congreso.
El nuevo proceso de cierre
La principal novedad surge de la irrupción del juez desde el primer momento del proceso contra una web, esto es, cuando la comisión de la Propiedad Intelectual recibe una denuncia y ha de requerir datos referidos al dominio. Una vez recibida la autorizacion del mismo, las páginas "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación".
La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas.
Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución. En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes.
