El PP contacta con el resto de grupos para tumbar en Congreso el decreto de remanentes

Terol ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abdique" de su intención de "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos
Antonio González Terol. EFE
photo_camera Antonio González Terol. EFE

El PP ha iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar "derrotar" en el Congreso el decreto ley para que los ayuntamientos cedan sus remanentes al Gobierno y puedan disponer de 5.000 millones de euros este año y el que viene para impulsar la recuperación económica.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, en la clausura de un acto de los populares en Marbella junto al presidente provincial del partido de Málaga, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz.

Terol ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abdique" de su intención de "expropiar" los ahorros de los ayuntamientos, a través del real decreto ley aprobado tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Un decreto que ve "discriminatorio" y que cree que supone establecer un "corralito" y "la incautación y robo" de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, y sobre el que ha acusado a la ministra de Hacienda, María José Montero, de decir "muchas mentiras".

Así, ha asegurado que el PP sí que ha planteado alternativas a este acuerdo y ha mostrado la disposición de su partido a una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "de manera inmediata" a través del trámite de lectura única para permitir que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes.

También ha anunciado que su partido se sumará al manifiesto firmado por once alcaldes de ocho formaciones políticas distintas en contra de esta decreto "discriminatorio y expropiatorio" porque, aunque son partidos de diferente ideología, el PP mantiene con ellos "un profundo acuerdo en el desacuerdo" con la nueva normativa.

Esta iniciativa forma parte de una batería de medidas puestas en marcha por el PP contra el decreto aprobado por el Gobierno que incluyen un recurso ante el Tribunal Constitucional y mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo con la FEMP.

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