Piden la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado Granada por casos de abusos

La acusación particular en el caso de supuestos abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes en Granada ha solicitado al juzgado que instruye la causa que decrete la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada.

El abogado que representa al joven de 24 años que presentó ante la Fiscalía la primera de las dos denuncias y con la que se inició la investigación, Jorge Aguilera, ha detallado a Efe que solicitó al Juzgado de Instrucción número 4 de Granada que decrete la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado, diócesis a la que pertenecen los sacerdotes implicados.

Aguilera ha explicado que el titular de Instrucción 4 no ha rechazado ni aceptado de momento decretar esta responsabilidad y que ha aplazado la decisión hasta que se practiquen diligencias en la causa aún pendientes.

La acusación particular ha reiterado además la petición de que el arzobispo de Granada, Javier Martínez, declare en calidad de testigo en la causa, ha confirmado Aguilera y ha adelantado este martes 'www.andalucesdiario.es'.

El abogado del primer denunciante ha detallado que la declaración de Martínez responde a su papel como responsable canónigo de los sacerdotes inmersos en la causa y se ha producido tras un expediente canónigo elaborado por la Iglesia y que considera que el conocido como "clan de los Romanones" funcionaba como un grupo organizado y "conocido por el arzobispo de Granada".

El juzgado continúa la instrucción de la causa sobre el grupo conocido como "Los Romanones" y que lideraba el supuesto cabecilla y de momento único imputado, el padre Román.

En la causa llegó a haber doce imputados, aunque un auto del titular de Instrucción 4 consideró prescritos todos los delitos de abusos sexuales a menores salvo el atribuido al cabecilla del grupo, una decisión recurrida por las acusaciones particular y popular y que resolverá el próximo 15 de septiembre la Audiencia de Granada.

La investigación se inició después de que el primero de dos denunciantes pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía el pasado mes de octubre.

Lo hizo tras recibir en agosto de 2014 la llamada del Papa, quien le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le envió relatando los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17 años.