Piden 2 años de cárcel a cinco acusados de alterar la votación telemática de València en Comú

Uno de los investigados registró  a 83 personas ficticias con el fin de que el resultado fuese favorable a Vicente Germán Polo y Judith Lilian Saldivia

El fiscal pide dos años de prisión y 3.000 euros de multa para los cinco acusados de inscribir con facturas manipuladas a votantes ficticios en una consulta electoral de València en Comú —uno de los tres partidos que gobiernan el Ayuntamiento de Valencia junto a Compromís y el PSPV— para elegir a la nueva comisión coordinadora.

Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, en agosto de 2016 se abrió un proceso electoral por parte de València en Comú para elegir a su Comisión Coordinadora en una votación que debía realizarse el 8 de septiembre por vía informática.

El escrito añade que cinco acusados se pusieron de acuerdo para que el resultado de la votación fuera favorable a Vicente Germán Polo y Judith Lilian Saldivia, para lo que decidieron "manipular la elaboración del censo electoral" y la votación, inscribiendo a votantes "ficticios" para que votaran "masivamente" a esos candidatos.

La inscripción en el censo electoral exigía acreditar que la persona vivía o trabajaba en Valencia mediante un DNI o una factura de suministro de servicios, y los acusados inscribieron un listado de personas de una bolsa de trabajo del servicio andaluz de salud residentes en Andalucía.

Además, previamente dieron de alta cuentas de correo electrónico y facilitaron para ello sus propios números de teléfono, tras lo que manipularon facturas de una compañía telefónica y una de gas de personas residentes en Valencia, haciendo constar las identidades del listado de residentes en Andalucía.

Según la Fiscalía, el 7 de septiembre uno de los acusados, informático de profesión, procedió a registrar a 83 votantes ficticios con las facturas manipuladas y las cuentas de correo electrónico creadas expresamente con tal fin.

Un día después se hizo la votación, cuyos resultados no se hicieron públicos al haberse detectado "la manipulación fraudulenta".

El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y reclama para cada uno de los acusados penas de dos años de prisión y diez meses de multa con cuota diaria de diez euros, con el pago de las costas procesales a partes iguales.

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