El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este martes que no prevé prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo al existir "herramientas jurídicas suficientes" para seguir actuando, si bien el grueso de los partidos ha reclamado pactar una alternativa jurídica antes de que decaiga.
Sánchez ha asegurado que la aceleración del proceso de vacunación ha generado "un escenario completamente distinto" respecto a hace unos meses que permite suavizar las medidas vigentes desde finales del pasado mes de octubre, como el toque de queda o los confinamientos de las comunidades autónomas.
"El Gobierno tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. El Gobierno quiere que no haya más prórrogas. Con esa intención trabajamos", ha zanjado el presidente en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de que vayas autonomías se hayan inclinado por prolongar la alarma.
Sánchez ha subrayado que el Consejo Interterritorial, donde participan el Ejecutivo y las comunidades autónomas, tiene capacidad de dictar medidas de "obligado cumplimiento", como han establecido los tribunales superiores de Justicia.
Por ello, ha abogado por proseguir con los mecanismos de cogobernanza sin necesidad de renovar el estado de alarma.
"Tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia, que hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar en las próximas semanas", ha argumentado Sánchez, quien este miércoles comparecerá en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la pandemia.
El PP ha reclamado un "plan B jurídico" ante el fin de la alarma, que pasaría por una reforma urgente de la ley de salud pública tras culpar a Sánchez del "abismo" y la "incertidumbre" que podría darse a partir del 9 de mayo, según su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.
Los populares rechazan extender el estado de alarma, al considerar que esta vía se usa para tener "anestesiados" y "controlados" los derechos y libertades de los españoles ante la "dejación" del Gobierno.
Gamarra también ha acusado al presidente del Ejecutivo de usar la pandemia como "arma electoral" ante los comicios en Madrid del 4 de mayo, como ya lo hizo en los de Cataluña de febrero.
El PP ha solicitado de nuevo la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para acordar en su seno una hoja de ruta que supere "la soberbia, la incapacidad y el bloqueo" del Gobierno a legislar".
En la sesión de control en el Senado, Sánchez ha criticado la indefinición del PP.
"¿Están a favor del estado de alarma a partir del 9 de mayo, o no? Si el Gobierno propone prolongar el estado de alarma, ustedes chillan y, si no lo proponemos, también, ustedes chillan", ha espetado el presidente. al portavoz del PP, Javier Maroto.
Frente a la postura de Génova, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha inclinado como "solución menos mala" prolongar el estado de alarma para blindar la seguridad jurídica de las decisiones que tomen las autonomías, si no se acuerda una ley específica contra la pandemia.
Algunos de los socios de investidura de Sánchez, como Compromís, Bildu y Más País, han abogado por un decreto pactado con las comunidades autónomas para crear un "paraguas jurídico" y evitar que los tribunales puedan revocar las decisiones que adopte un territorio.
Para la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, es "jurídicamente posible" y evitaría que el 10 de mayo fuese "la ley de la selva".
El diputado de Compromís Joan Baldoví se ha sumado a la petición de que Sánchez convoque a los presidentes autonómicos para consensuar medidas que no puedan echar atrás los jueces, mientras el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha confiado en que Sánchez exponga mañana una "alternativa" común para todas las autonomías para evitar "una guerra de guerrillas" entre ellas.
"No somos muy partidarios de entrar en una especie de mercado persa y de acuerdos uno a uno", ha comentado Errejón.
El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido tajante en su rechazo a mantener la alarma y ha achacado que lo pidan algunas comunidades a que "están mucho más cómodos" si tienen a la gente encerrada en casa.
El País Vasco es una de las regiones que se inclina por renovar el mecanismo excepcional que prevé la Constitución.
No obstante, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en declaraciones a Onda Cero, ha propuesto buscar una solución política a través de una "legislación puente" que sirva de escudo ante las acciones que se puedan tomar en el próximo trimestre.
La Generalitat no ha pedido explícitamente a Sánchez que prolongue la alarma, aunque su consellera de Presidencia, Meritxell Budó, ha dado a entender que si los datos epidemiológicos siguen siendo preocupantes, hará falta un mecanismo "excepcional" para mantener determinadas restricciones.
Para Budó, ha sido "prematuro" anunciar ya el fin del estado de alarma, al tiempo que ha instado a Sánchez a no supeditar su decisión a los "intereses electorales" del PSOE en las elecciones madrileñas.
Aragón, gobernada por la izquierda, ha restado importancia al fin del estado de alarma al recordar su consejera de Sanidad, Sira Repollés, que las autonomías cuentan con una ley que permite los confinamientos de unidades territoriales diferentes a los regionales.
