El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso en que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que los acercamientos que se aprueben serán tras un "estudio individualizado" y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP por "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.
Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.
"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación a su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones en el pasado de dirigentes del PP, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.
Grande-Marlaska ha defendido que los traslados no son propiamente beneficios penitenciarios en lo referente a la progresión de grados, que es lo que exige, de acuerdo a la ley, condiciones previas como el rechazo al terrorismo, el pago de las deudas o la colaboración con la justicia.
"El Estado nada le debe a ETA", ha sostenido, citando a su "amiga" Marimar Blanco, diputada del PP y presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que en su turno de palabra ha cuestionado la política penitenciaria. El ministro ha recordado que 203 de los 233 etarras en cárceles españolas cumplen condena actualmente en primer grado, el régimen cerrado.
LEGAL SÍ, PERO NO OBLIGATORIO. El PP y Ciudadanos, sin embargo, han mantenido que sí ha habido un cambio y lo achacan a un "pago por los votos" nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".
La diputada del PP ha reconocido que el traslado de etarras es legal, pero "no obligatorio". "La ley no exige acercar a terroristas y va contra la memoria de las víctimas", ha enfatizado. También ha defendido que con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo "ningún acercamiento" y ahora, con el de Pedro Sánchez, sí se han llevado a cabo.
Miguel Gutiérrez, diputado de Ciudadanos, ha acusado a Marlaska de "premiar" a los internos de ETA. "Está más preocupado por los derechos de los terroristas que por los de sus víctimas", ha defendido. Al igual que el PP, ha recordado que fue el presidente Pedro Sánchez que el anunció un cambio en la política penitenciaria y quien dijo a la prensa que serían acercados los reclusos enfermos o mayores de 70 años.
"Dejen de premiar a la banda terrorista, consigan que colaboren con la justicia, persigan al centenar de etarras huidos que yo sé que el Ministerio del Interior sabe perfectamente dónde están. Este gobierno no hace nada", ha pedido Gutiérrez.
ETA HA DESAPARECIDO Y NO VA A VOLVER. El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver". Al Ejecutivo luego le ha pedido que rebaje las exigencias porque "la reubicación de un recluso en el lugar más cercano a su anclaje familiar es un derecho".
Precisamente la ley de abusos policiales del País Vasco ha sido objeto de crítica del PP y de Ciudadanos al entender que ayuda a "blanquear" el pasado de ETA. Tras congratularse del fin de la banda terrorista, el portavoz de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, ha puesto el acento indirectamente aquí al sostener: "Denunciaremos todas las violaciones producidas durante la existencia de ETA".
Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas - "presos vascos", para ella-- deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo "en tiempo récord".
