María Salmerón ingresa voluntariamente en un centro de inserción social

Colectivos feministas han mostrado su desaliento ante el ingreso en prisión de la mujer, condenada por no permitir a su marido maltratador visitar a su hija
María Salmerón. EFE
photo_camera María Salmerón. EFE

María Salmerón, condenada a nueve meses de cárcel por no permitir a su marido -penado por violencia machista- visitar a su hija, ha ingresado este jueves de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), han informado a Efe fuentes penitenciarias.

Su hija Miriam ha confirmado en sus redes sociales el ingreso en el centro, indicando que su peor pesadilla "se ha hecho realidad", y ha observado "paralizada cómo se cerraban tras ella las puertas de ese sitio que su maltratador, pese a ser condenado, nunca pisó".

"Finalmente, esa persona que se propuso arruinarle la vida a mi madre hace más de veinte años y con la que comparto apellido, ha conseguido separarnos", indica la joven, que en diez días cumplirá 22 años.

Ha lamentado que "los representantes del Gobierno y jueces implicados lo han permitido" y "la ministra de Igualdad (Irene Montero) dijo públicamente 'hemos fallado' en cuanto a la no concesión del indulto a mi madre, pero nadie ha puesto solución ni corregido dicho fallo".

La hija de Salmerón culpa a Irene Montero

Para la hija de María Salmerón, Irene Montero es "no solo responsable de enviar a mi madre a la cárcel, sino de humillarnos en medios de comunicación achacando la denegación del indulto a unos supuestos antecedentes -sin especificar de qué para ensuciar su imagen- de desobediencia ya prescritos", por lo que ha pedido la dimisión de la titular de Igualdad.

Salmerón fue condenada a nueve meses de prisión y al pago de 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil, que abonó 24 horas antes de conocer la decisión de la jueza de que ingresara en prisión, a pesar de que confiaba en eludir el ingreso con esa acción.

Por el momento, según fuentes penitenciarias, Salmerón pasará unos días aislada del resto de las reclusas en cumplimiento del protocolo contra la covid, y en un plazo máximo de una semana se valorará si se mantiene en este centro o bien se deriva a una prisión convencional.

Las autoridades competentes valorarán si permanece en el centro o ingresa en una prisión convencional

María Salmerón aún no ha sido calificada oficialmente para valorar su ingreso en un centro de inserción, de modo que hay que estudiar la forma en que se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la clasificación de los internos para valorar el grado de cumplimiento de sus condenas.

El reglamento cita que el equipo técnico de la prisión podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto a cada interno, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados.

Así, se podría dar el caso de que si la junta de evaluación no considera que se adapta a las medidas concretas, sea derivada a una prisión convencional.

María Salmerón, que ya había sido indultada en varias ocasiones, solicitó de nuevo la gracia tras haber sido condenada en 2020 por un juzgado de Sevilla a nueve meses de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia, y que decidió que siguiera en libertad hasta esta resolución.

El plazo para ingresar en prisión terminó el pasado viernes, aunque tenía varios días de margen para ingresar de forma voluntaria todavía.

Se encuentra pendiente, además, de que se resuelvan los recursos interpuestos, en los que pide, de forma cautelar, la suspensión de la pena de ingreso en prisión y la anulación de sus antecedentes. 

DESALIENTO. Organizaciones feministas han mostrado este jueves su "desaliento" ante el ingreso en un centro de inserción social de María Salmerón, condenada a nueve meses de prisión por no permitir a su marido -condenado por violencia machista- visitar a su hija.

La Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) aseguran en un comunicado que la entrada de Salmerón "es una prueba más de los obstáculos" a los que se enfrentan las víctimas de violencia machista en el sistema judicial.

Un sistema judicial, prosiguen las organizaciones, que "en muchas ocasiones, lejos de protegerlas a ellas y a sus hijas e hijas, las revictimiza".

En el texto que está abierto a más adhesiones, las organizaciones subrayan que les llama "poderosamente la atención" cómo el juzgado se ha negado a suspender la pena y a tramitar el escrito presentado en el que solicita la suspensión de la misma por cambio de circunstancias.

En este sentido, aseguran que el juzgado ha admitido a trámite el recurso justo el día que vence el ingreso voluntario en prisión de la mujer, sin suspender la pena.

Para las organizaciones, en el caso de Salmerón existen razones jurídicas "suficientes" para anular la condena amparándose en los requisito legales exigidos para este tipo de supuestos como que los hechos son de 2014 y la mujer no ha vuelto a cometer delito alguno.

Además, las penas impuestas por procedimientos anteriores se encuentran canceladas o prescritas, se ha pagado la responsabilidad civil y aseguran que la desobediencia ocurrió porque la menor de 14 años en ese momento se negaba a ir con su padre, condenado anteriormente por maltrato.

"Creemos que situaciones como ésta demuestran que no se está favoreciendo la aplicación de la Justicia con mayúsculas cuando se trata de la protección a las víctimas de la violencia machista, que es el fin último que se debe perseguir por los tribunales de justicia", destacan.