Los rectores dicen 'no' a las exigencias académicas para la concesión de becas

Las universidades y el Ministerio de Educación han recuperado el diálogo, después de que los rectores plantaran al ministro José Ignacio Wert hace una semana, y han acordado reunirse de nuevo el 7 de junio para debatir la aplicación del decreto-ley de ahorro educativo en lo que afecta a la enseñanza superior.

En el Consejo ordinario de Universidades de hoy, los rectores han informado "negativamente" el proyecto de real decreto que aumenta las exigencias académicas para la concesión y renovación de las becas, especialmente las becas-salario, dadas las actuales circunstancias de crisis económica que sufren las familias.

El Ministerio de Educación, por su parte, ha insistido en que se pedirá un 5,5 y un 6 en la selectividad para obtener beca general o beca-salario para el curso próximo, respectivamente, como respuesta necesaria de los alumnos al esfuerzo que hace la sociedad para dotarlas.

"Normalidad" y "clima de diálogo" son las expresiones que han utilizado la secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, y la presidenta de la Conferencia de Rectores (CRUE), Adelaida de la Calle, al comparecer juntas ante la prensa tras la reunión. De la Calle ha confiado en que las universidades y el Gobierno acuerden decisiones importantes basadas en el diálogo.

LAS MATRÍCULAS LAS NEGOCIAN LAS CC AA

Gomendio ha apuntado que el ministerio podría considerar incorporar propuestas de los rectores en los ajustes del decreto-ley que requieran desarrollo normativo. En el caso concreto de un aumento de tasas de matrícula, ha señalado que la negociación corresponde a las autonomías, pues les compete cómo aplicar la horquilla del 15 al 25 % del coste real de las titulaciones de grado que los alumnos deberán pagar.

De la Calle ha reclamado al Ministerio (que lo está estudiando) algún criterio general para poder relacionar las tasas con el precio efectivo de las carreras, pues existe una "dificultad metodológica" para ello, dado que la contabilidad de costes no está generalizada en las universidades.

En cuanto a las becas, De la Calle ha pedido que se estructure bien en el tiempo el cambio de requerimientos académicos y ha rechazado que se quiera endurecer el acceso a las de salario más que las generales, cuando las primeras se otorgan por un nivel adquisitivo muy bajo de las familias.

ES ''LÓGICO'' PEDIR UN RENDIMIENTO RECÍPROCO

Gomendio, sin embargo, ha señalado que las becas-salario suponen un esfuerzo económico "extraordinario", así que es "lógico" pedir un rendimiento recíproco al alumno, aunque tampoco es una exigencia de excelencia. La secretaria de Estado no ha excluido que se tengan en cuenta las opiniones de las universidades; ha añadido que Educación dispone de un margen de maniobra "muy limitado", aunque seguirá en "negociación" con otros ministerios para poder ampliar la partida de becas.

En este sentido, ha compartido la preocupación por las restricciones presupuestarias y las circunstancias "críticas", aunque ha destacado que se mantiene la dotación global de las becas generales como el año pasado y los umbrales de renta.

También ha apuntado la intención de que el decreto de becas se apruebe cuanto antes, una vez que pase todo el procedimiento de consultas (no vinculantes) de órganos como el Consejo de Universidades y el de Estado. De hecho, la semana próxima comienzan ya los exámenes de selectividad en varias comunidades.

RETRASO DE LA PRUEBA ORAL DE LENGUA EXTRANJERA

El Consejo ha acordado, a petición de las universidades, que se retrase al curso 2013-2014 la prueba oral de idioma extranjero en la selectividad, prevista ya para este año, por las dificultades "logísticas" y de coste de organizarla. No obstante, varias comunidades la efectuarán de forma experimental (sin computar para la nota), y su resultado será evaluado posteriormente.

De la Calle ha comentado como fórmula posible que los alumnos lleguen a la selectividad con el examen oral de idioma ya hecho en los institutos.

En la reunión se ha decidido, a petición de los rectores, evaluar las titulaciones de "franquicias" universitarias extranjeras para que cumplan los requisitos mínimos de calidad exigidos en España. Además, se ha dado el visto bueno al reconocimiento del nivel académico de máster en el grado universitario de Medicina.

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