El proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE, la Lomloe —conocida como ley Celaá—, quedó definitivamente aprobado este miércoles en el último pleno del Senado de 2020, sin que se le haya incorporado ninguna enmienda en la Cámara alta. Queda así derogada la Lomce, o ley Wert.
La nueva ley educativa, la octava aprobada en democracia, salió adelante por 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones con el mismo texto que llegó del Congreso. Ahora debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (Boe).
Apoyaron el texto final de la ley PSOE, ERC, PNV, Compromís, Mes per Mallorca, Adelante Andalucía, Geroa Bai, Más Madrid y En Comú Podem. En contra votaron PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, UPN, PAR y Partido Regionalista de Cantabria. Y se abstuvieron Junts per Catalunya, Teruel Existe y Bildu.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, se mostró al término del pleno muy emocionada porque la Lomce o ley Wert "ya es pasado" y ahora se da la "bienvenida" a la Lomloe, que busca la equidad y la excelencia. En la votación, que acabó con aplausos, estuvo arropada por varios compañeros del Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska, Nadia Calviño, Teresa Rivera y José Luis Ábalos.
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Celaá aseguró que la nueva ley permite "avanzar" a todo el alumnado y que se sustenta en cinco principios: el interés del menor, la personalización de la enseñanza, la coeducación, el desarrollo sostenible y la digitalización.
Después de que el líder del PP anunciase hace unas semanas que las autonomías gobernadas por los populares adelantarían la inscripción del próximo curso para sortear la ley Celaá y que las familias "puedan seguir eligiendo libremente" el centro educativo de sus hijos, la ministra subrayó este miércoles que "estamos en un Estado de derecho, y las leyes han de cumplirse". "No puedo ni siquiera imaginar que haya una comunidad autónoma que determine no cumplir una ley. El Ejecutivo sabrá cómo hacer según qué cosas", dijo.
Para PP, Ciudadanos, Vox y UPN, sin embargo, la ley "nace muerta" y critican especialmente la falta de "consenso" o que el Gobierno "se haya vendido a los separatistas", eliminando la referencia al castellano como lengua vehicular, para sacar adelante esta norma. Además, rechazan especialmente que, a su juicio, se "ataque" la "libertad" de los padres a elegir centro, la enseñanza concertada, los centros de Educación Especial o la Religión.
Con UCD y José Manuel Otero como ministro. Introdujo un modelo democrático en la organización de los centros docentes y por primera vez se regularon las asociaciones de padres de alumnos.
Con el PSOE y José María Maravall al frente del ministerio. Cambió el sistema de subvenciones a colegios privados por el de conciertos y contempló el derecho de profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios a participar en la gestión de los centros, a través de los consejos escolares.
Con el PSOE y Javier Solana al frente de Educación. Elevó la edad de la escolaridad obligatoria a los 16 años, rebajó de 40 a 25 los alumnos por clase y estableció la enseñanza de asignaturas impartidas por profesores especializados, como los idiomas, música y educación física. Además, dividió los ciclos académicos de los alumnos españoles en Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Con el PSOE y el ministro Gustavo Suárez Pertierra. Otorgaba a los centros mayor autonomía y obligaba a los concertados a admitir a alumnos pertenecientes a minorías sociales.
Con el PP y Pilar del Castillo al frente del ministerio. El calendario de aplicación quedó aplazado por un decreto de mayo de 2004 que aprobó el Ejecutivo de Zapatero. El decreto mantuvo en vigor algunos de los preceptos de la ley y paralizó los más comprometidos, como los itinerarios en la Eso y el Bachillerato.
Con el PSOE y como ministra, María Jesús San Segundo. Incluyó la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se pasaba de curso al superar todas las materias o con dos suspensos, como máximo, en cuyo caso, el alumno debía matricularse de las pendientes del curso anterior.
Con el PP y el ministro José Ignacio Wert. Eliminó la asignatura Educación para la Ciudadanía y la selectividad, sustituida por evaluaciones unificadas o reválidas al final de cada etapa no universitaria, que no entraron en vigor. Atribuyó al Gobierno central la definición del 65% de las enseñanzas comunes para las autonomías con lengua cooficial y el 75% para el resto.
Con el PSOE e Isabel Celaá al frente del ministerio. Elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la educación y prevé que los contenidos básicos fijados por el ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto. Religión sin materia alternativa y sin contar su nota. Valores Cívicos y Éticos en Primaria y Secundaria. En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Se elimina la "demanda social" para crear centros concertados.
