El llamamiento por parte de la defensora del pueblo a las autonomías para que abran los comedores escolares en verano ha tenido, hasta el momento, escasa acogida. Algunas han descartado drásticamente la iniciativa en favor de ayudas alternativas.
Tan solo Andalucía y Canarias han confirmado que mantendrán abiertos los comedores, como ya hicieron el año pasado por primera vez. A esta iniciativa se han sumado otras comunidades como Aragón (que contará con una partida inicial de 700.000 euros por parte del Gobierno central), Castilla-La Mancha y Cataluña, la cual ha implantado un sistema para detectar posibles casos de malnutrición.
Algunos gobiernos como los de Madrid, La Rioja, Navarra o el País Vasco han descartado la apertura de los comedores. Otros como La Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias, la Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia son partidarios de ayudas directas a las familias; comedores sociales y ayudas a la integración social. El Gobierno de Cantabria, al igual que Baleares, ha dicho estar dispuesto a estudiar la situación mientras, el de Murcia, pondrá los comedores a disposición de los ayuntamientos o de las organizaciones sociales que quieran hacerse cargo de su coste. Paralelamente, muchas comunidades han decidido ofrecer actividades complementarias en estos comedores escolares; clases de inglés, una medida implantada para darle un contenido lectivo a la experiencia.
Varias han sido las razones esgrimidas para esta negativa a abrir los comedores, entre ellas las expuestas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien señaló que se trata de competencias municipales, o las del riojano, Pedro Sanz, partidario de otras vías de ayuda porque "no se puede marcar a unos niños frente a otros ni generar situaciones de desigualdad".
Para todos estos proyectos destinados a paliar la malnutrición y pobreza infantil, el Gobierno central fornecerá a cada comunidad autónoma con un total de 17 millones de euros.
