El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha paralizado la venta de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados situado en Calviá (Palma de Mallorca), que fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo díaz Ferrán, y por el que se han recibido ofertas de compra de hasta 7,06 millones.
Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha tomado esta decisión después de que la administración concursal del Grupo Marsans haya recurrido la venta alegando que ella dispone de una oferta 70.000 euros más alta que la mayor de las dos presentadas.
Sin embargo, otras fuentes jurídicas consultadas por Efe aseguran que la propuesta de la administración concursal no incluye los gastos que sí recogen las otras, como comisiones de agencia, tasaciones y asesoría financiera y de arquitectura.
En todo caso, a la cantidad final habría que restarle lo resultante de la liquidación de las tres hipotecas que pesan sobre la vivienda, con lo que el montante líquido que se podría incorporar a la masa concursal sería de alrededor de tres millones de euros.
La finca de Calvià perteneció a Díaz Ferrán hasta que salió de su esfera a través de una operación en la que participó la sociedad Quatre Bras.
Esa compañía, según la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, que ordenó el ingreso en prisión preventiva de Díaz Ferrán en diciembre de 2012, habría colocado en noviembre de 2011 la finca a la empresa Implantación de Proyectos, del hermano del exdueño de Marsans.
Así, sospecha que ésta fue otra de las operaciones que realizó el exempresario para ocultar sus bienes a sus acreedores con la ayuda del empresario Ángel de Cabo, también en la cárcel, ya que utilizó la misma operativa con dos locales y dos valiosos pisos situados en el Barrio de Salamanca de Madrid, un yate y coches de alta gama.
El pasado diciembre, Velasco dio el primer paso para juzgarles por el vaciamiento patrimonial de Marsans por delitos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a la "mano derecha" de De Cabo, Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas.
Según el juez, Díaz Ferrán y su socio ya fallecido en Marsans, Gonzalo Pascual, decidieron iniciar, ante una situación de consurso "inevitable", un proceso de enajenación de las compañías y bienes y sociedades patrimoniales con el fin de "de excluir de dichos procedimientos concursales los activos".
Para ello, "se concertaron" con De Cabo, quien venía dedicándose "al vaciado de compañías en situación de concurso o abocadas a él en perjuicio de sus acreedores" a través de una estructura empresarial en las que el dueño de Nueva Rumasa "distribuía las funciones y cursaba las instrucciones".
Así, cerraron un acuerdo por el que recibirían mensualmente de éste 100.000 euros cada uno hasta alcanzar los ocho millones, dinero que se extraía de los activos de las sociedades del Grupo Marsans.
Por tales conceptos, dice el juez, Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 1.016.000 euros y Pascual, que falleció en junio de ese año, 986.454,89 euros.
