Tres años y medio después de salir de la cárcel, el 'violador del ascensor' ha entrado este viernes de nuevo en prisión por cuatro violaciones cometidas supuestamente mientras ha estado en libertad. Un periodo en el que, según asegura la Policía, hubiera sido ilegal vigilarle.
El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Segovia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Pedro Luis Gallego tras ser detenido el miércoles en esa ciudad por la Policía, que este viernes ha recibido las felicitaciones del Gobierno.
Gallego —que cumplió condena en el pasado por dos asesinatos y 18 agresiones— está acusado de dos delitos continuados de violación, tres de robo con violencia e intimidación, dos de detención ilegal y dos de lesiones, todos ellos consumados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Además, se le investiga por dos delitos de detención ilegal en grado de tentativa con la finalidad de atentar contra la libertad sexual de las víctimas.
La Policía alega que se trata de "una persona que había sido puesta en libertad y sobre la que no cabía aplicar ninguna medida extraordinaria"
La Policía de Madrid buscaba a un violador desde diciembre de 2016, cuando una joven interpuso la primera denuncia tras ser abordada en las inmediaciones del hospital a punta de pistola, amordazada, maniatada y traslada en coche hasta Segovia, donde fue violada para luego ser devuelta al lugar de origen. En los cinco meses siguientes otras tres jóvenes —todas de unos 20 años— interpusieron denuncias, una de ellas por violación consumada y las otras dos por intentos, y la Policía tuvo claro que estaba ante un delincuente en serie, dando prioridad a esta investigación y logrando finalmente identificar al agresor.
Era Pedro Luis Gallego, el temido violador del ascensor, que había salido de prisión en noviembre de 2013 gracias a la derogación de la Doctrina Parot —en virtud de la cual tenía que estar encarcelado hasta 2022— y había rehecho su vida en Segovia. Allí tenía una novia que "desconocía absoluta y totalmente su actividad" delictiva y allí fue arrestado cuando salía del piso de esta mujer. Vivía sin trabajo conocido, al parecer con el dinero que le daba su familia.
Así lo han explicado el jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso José Fernández, y dos mandos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (Ufam), responsables de la investigación, en una rueda de prensa en la que no han dado detalles para no perjudicar la investigación que queda, como las ruedas de reconocimiento, y han pedido que no se difundan imágenes del arrestado. Este "monstruo", en palabras del jefe superior, "reaccionó como un detenido normal, sin hablar, encerrado en sí mismo" y sin colaborar en absoluto con los agentes.
No había ADN del violador del ascensor para hacer comparaciones porque una vez cumplida la condena no es legal
Sobre la posibilidad de que la Policía le tuviera vigilado de alguna forma desde que estaba libre para evitar que volviese a atacar, Fernández ha precisado que se trata de "una persona que había sido puesta en libertad y sobre la que no cabía aplicar ninguna medida extraordinaria".
En cuanto a las declaraciones que hicieron en su día fuentes del Ministerio del Interior sobre este tipo de delincuentes reincidentes que quedaron en libertad al derogarse esa Doctrina, asegurando que se velaría por la seguridad de la población en el marco de la ley, el mando policial ha dicho que como policía solo puede contestar que los agentes no legislan, sino que cumplen la ley.
Fuentes de la investigación han precisado a Efe que no había ADN del violador del ascensor para hacer comparaciones durante la investigación, ya que una vez cumplida la condena esta opción no es legal. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha planteado este viernes que la "alarma social" causada por el caso del "violador del ascensor" debería "hacer reflexionar" a aquellos partidos políticos que pretenden derogar la prisión permanente revisable.
Ha felicitado a la Policía por la detención y ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la doctrina Parot, por la que Gallego habría estado en prisión hasta 2022, motivo por el que el Gobierno creó la figura de la prisión permanente revisable en el Código Penal de 2015.
En la misma línea el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido la prisión permanente revisable tras opinar que no se debe actuar "en caliente" sino abrir un periodo de reflexión sobre la respuesta más adecuada a determinados delitos que causan alarma social.
