La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha vuelto hoy a enviar a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, que en octubre del pasado año salió de la cárcel bajo fianza de 50.000 euros tras haber ingresado un año antes.
Guerrero ha subido al furgón de la Guardia Civil, que le esperaba a las puertas del juzgado donde ha prestado declaración, a las 20:30 horas camino de la prisión de Sevilla, según ha confirmado a los periodistas su abogado, Fernando de Pablo. Antes, el fiscal anticorrupción había solicitado su reingreso en prisión ante el riesgo de fuga, la posibilidad de alterar pruebas y de contactar con otros implicados en la causa.
El retorno a la cárcel del exdirector general de Trabajo andaluz se ha producido al final de una jornada en la que la jueza Mercedes Alaya ha reactivado la investigación sobre los ERE irregulares de la Junta de Andalucía con una operación en la que han sido detenidas treinta personas según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. Once de los detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varias comunidades autónomas están vinculados al grupo asegurador Vitalia, nueve en Barcelona y dos en Madrid.
Entre los imputados en este caso figura el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, cuya esposa ha sido detenida esta mañana tras un registro de su vivienda y conducida ante la jueza Alaya, quien se reincorporó al juzgado en la primera semana de marzo, tras seis meses de baja médica. Otras seis personas han sido detenidas en Sevilla; tres más en Cádiz, una en Granada y otra en Las Palmas de Gran Canarias, mientras se citaba a declarar de nuevo a Francisco Javier Guerrero.
Su abogado, en una breve conversación con los periodistas, ha comentado, con cierta irritación, que el ex director general no ha atendido su recomendación de que no declarase. Guerrero, en un receso en el que ha salido a la calle para fumar un cigarrillo, ha comentado a los periodistas: "Estamos prácticamente en lo mismo; todo es una ampliación de lo que ya había". A la vuelta al juzgado y preguntado sobre la petición del fiscal de que vuelva a prisión, que luego la jueza ha ejecutado, Guerrero, irónico, ha contestado: "Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar".
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha calificado esta operación en rueda de prensa de "muy especializada" y dirigida "a empresas mediadoras que ofrecían servicios para conseguir financiación a las empresas en su reestructuración".
El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha valorado lo que ha calificado de "decisiones rápidas" de la juez de quien ha interpretado que "es consciente de la necesidad de concluir cuanto antes esta investigación que ya dura demasiado". En su opinión, "tiene muy buena pinta" que Alaya haya adoptado "decisiones rápidas" porque en este proceso hay "muchas personas que estaban formalmente imputadas" y ha advertido que "sería una pena que se descubriese a los culpables y luego no se les pudiera condenar.
A su homólogo de Economía, Antonio Ávila, no le ha sorprendido este "paso más en la investigación" judicial, y ha insistido en que la Junta colabora con la Justicia y ha impedido el cobro de comisiones abusivas por los intermediarios.
El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha reclamado la dimisión del presidente Griñán ante lo que ha calificado de "escándalo sin precedentes" y ha opinado que la situación en Andalucía es "insostenible" porque es "imposible" gobernar con una "agenda marcada en todo momento por la corrupción".
IULV-CA ha mostrado su "satisfacción y confianza" por estas diligencias, según su diputado autonómico José Antonio Castro, quien confía en que Guerrero concrete "sus amenazas" de contar todo lo que sabe y contribuya "de una vez a delimitar todas esas responsabilidades, además de los beneficiarios".
El presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, ha desvinculado esta operación de la firma del pacto para el progreso económico y social de Andalucía, suscrito hoy por los agentes sociales y por el presidente Griñán, y ha lamentado que escándalos como el de los ERE "empañan la imagen de un país, de una economía y de la gestión administrativa de los entes públicos".
