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La juez Alaya retira la principal imputación al viceconsejero de Economía

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha retirado hoy la principal imputación que pesaba sobre el exviceconsejero de Economía José de Haro, ya que no le ha acusado de "coordinar e impulsar" la política presupuestaria andaluza.

De Haro se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha presentado un escrito en el que afirma que Alaya ya no es competente para seguir instruyendo la causa, dada la presencia de aforados, por lo que su citación es "nula" y "desconoce gravemente su derecho constitucional al juez predeterminado por la ley".

Al comienzo de su comparecencia, la juez ha advertido de que se ha producido una modificación en los hechos que imputa al ex alto cargo, ya que entre 2004 y 2009, cuando él fue secretario general de Hacienda, las competencias de coordinación de la política presupuestaria recayeron en el viceconsejero del ramo.

Por tanto, la única imputación contra De Haro ha consistido en la aprobación de una encomienda de gestión cuando a partir de 2009 fue viceconsejero de Economía, según ha informado a los periodistas el abogado del imputado, José María Mohedano.

Ha explicado que la juez ha retirado todo lo relativo a que De Haro, como secretario general de Hacienda a las órdenes del entonces consejero, José Antonio Griñán, era el responsable del "impulso y coordinación de la política presupuestaria" y "tuvo una activa participación en el uso inadecuado de la partida 31L", a través de la cual se pagaron los ERE investigados, y "conocería el falseamiento del presupuesto necesario" en la agencia andaluza IDEA.

La acusación "se ha disuelto como un azucarillo", ha manifestado Mohedano, quien ha destacado que ni la Fiscalía ni las demás acusaciones han pedido ninguna fianza civil contra el exviceconsejero.

De Haro ha entregado a la juez un escrito en el que ha afirmado que "su derecho de defensa sólo se salvaguarda prestando declaración" y ha denunciado que hasta hoy mismo no ha conocido los hechos que se le imputan por lo que no ha podido "articular su derecho de defensa, lo que indudablemente me causa una manifiesta indefensión".

Hoy ha comparecido además Blanca Uruñuela, sindicalista de UGT imputada como firmante de los acuerdos para el ERE de la tabaquera Altadis, quien también se ha acogido a su derecho a no declarar.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ella una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros, la misma solicitada la semana pasada para otros sindicalistas imputados por las ayudas a Altadis: Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de la UGT en Andalucía, y Antonio Perianes por CCOO.

Por otra parte, hoy ha comparecido voluntariamente en el juzgado de Alaya, con intención de declarar, Rafael Herrera Gil, ex secretario general de Empleo entre 2003 y 2004 que había alegado razones de salud pero el forense determinó que tenía capacidad para declarar.

Fuentes del caso han informado a Efe de que Alaya ha declinado tomarle declaración, al no haber sido convocadas todas las partes, y la letrada del imputado ha anunciado que va a intentar presentar una nueva pericial forense.

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