La Generalitat reclama que el Gobierno se haga cargo del déficit sanitario catalán

El conseller de Salud de la Generalitat catalana, Boi Ruiz, ha reclamado hoy que el Gobierno se haga cargo del déficit sanitario catalán que no sea imputable a esta comunidad, además de pedir al nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que "se ajuste a sus competencias".

Boi Ruiz ha hecho estas consideraciones durante el Fórum Europa-Tribuna Cataluña, en Barcelona, en el que ha descrito el mapa de los diez principales actores sanitarios de Cataluña.

"He deseado suerte al nuevo ministro", ha indicado el conseller, que ha pedido al recién nombrado responsable de Sanidad en sustitución de la dimitida Ana Mato que "respete" las competencias del Consejo Interterritorial de Salud.

En este órgano "se discuten las políticas que ha de hacer el Ministerio y no se ha de usar para decir a las comunidades lo que deben hacer", ha argumentado.

El déficit no imputable a Cataluña sería, por ejemplo, la introducción del nuevo medicamento para tratar la hepatitis C, que ha ordenado el Ministerio y que ha ido acompañado de una financiación concreta para tres supuestos graves desde el pasado 1 de noviembre.

En Cataluña, esta medicación novedosa se empezó a facilitar a los pacientes con anterioridad, lo que ha supuesto un gasto extra que se suma al déficit que arrastra la sanidad catalana y que el conseller no ha cuantificado hoy.

Por otra parte, la Generalitat ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea para que obligue al Gobierno español a cumplir las directivas europeas en materia de pobreza energética.

Presenta la queja después que el Gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que el Govern aprobó en diciembre de 2013, y que prohibía la interrupción de los suministros energéticos durante los meses de invierno por parte de las operadoras a aquellos consumidores en situación de vulnerabilidad económica.

A consecuencia del recurso y de su aceptación a trámite por parte del Tribunal Constitucional, el decreto ha quedado suspendido, aunque la Generalitat ya ha llegado a un acuerdo con las compañías suministradoras para que este invierno no haya interrupciones en los servicios básicos para las familias en situación de pobreza.

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