Esperanza Aguirre se remite al informe de la Fiscalía

La Fiscalía pide archivar el caso de espionaje a cargos del PP de Madrid

No aprecia suficientes indicios de que los seguimientos a políticos supuestamente enfrentados a Aguirre constituyan un delito de malversación
Ignacio González y Esperanza Aguirre, en 2015
photo_camera Ignacio González y Esperanza Aguirre, en 2015

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional del caso de "seguimientos" a políticos de la Comunidad de Madrid al no apreciar suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicas, han informado a Efe fuentes fiscales.

La Fiscalía entiende que las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer el supuesto caso de espionaje a cargos del partido en la región madrileña como el que fuera su presidente Ignacio González, que entonces era mano derecha de Esperanza Aguirre, no arrojan "suficientes" indicios para imputar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid ordenó en junio del año pasado reabrir por tercera vez el caso de los supuestos seguimientos a políticos del PP enfrentados con Esperanza Aguirre al considerar que había indicios de un delito de malversación de caudales públicos por parte de cuatro funcionarios y asesores de la Comunidad acusados.

Los magistrados estimaron que, como ya habían sostenido en ocasiones anteriores, había indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios y guardias civiles Sergio Gamón Serrano, Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

Están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

Ahora la Fiscalía sostiene que las diligencias de instrucción practicadas no han acreditado que los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública "caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones". A su juicio, no se han aportado pruebas que demuestren que los vehículos o teléfonos puestos a su disposición de las personas investigas fueran utilizados para hacer seguimientos.

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