El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha modificado en parte su escrito inicial de acusación en el juicio contra los 65 usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid, al tener en cuenta los ingresos en las cuentas de Bankia efectuados por algunos de ellos, entre los que no incluye a los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Asimismo, eleva de dos años a dos años y medio la solicitud de pena para el exdirector general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj.
Además, Luzón señaló que en determinadas operaciones realizadas con estas visas se puede hablar de "pillaje o rapiña". Así, se ha referido al hecho de que algunos de los usuarios de las tarjetas las utilizaran meses después de haber cesado en sus cargos.
En su opinión, las tarjetas no tenían amparo alguno en la ley, ya que como complemento retributivo eran ilegales, y no contaban ni con el amparo de los estatutos de la caja ni del consejo de administración.
Luzón incide en que las tarjetas eran ilegales y no contaban ni con el amparo de los estatutos de la caja ni del consejo de administración
Luzón ha recordado que los cartones no podían ser para abonar gastos de representación porque a lo largo del proceso no se ha podido demostrar que ninguno de los gastos efectuados –en ropa, viajes, armas, comidas– haya tenido alguna repercusión en la actividad de la caja. Tampoco es posible considerarlas como tarjetas retributivas, ha explicado, ya que muchos de los consejeros no agotaban su saldo y no tiene sentido que no se perciba toda la retribución.
Por otro lado, Anticorrupción mantiene una petición de seis años de cárcel para Miguel Blesa, de cuatro y medio para Rato, y de cuatro años para José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero, José María de la Riva, Rodolfo Benito, José María Arteta Vico, Gonzalo Martín Pascual, Mercedes Rojo, Francisco José Moure, Jorge Gómez Moreno, Juan José Azcona, Gerardo Díaz Ferrán, Pedro Bedia y José Manuel Fernández Yruegas.
También mantiene su petición de tres años de cárcel para José Manuel Fernández Norniella, pero reduce de cuatro a dos años y medio la petición para Ramón Espinar, Ricardo Romero de Tejada, Alberto Recarte, Jesús Pedroche, Ignacio Navasqués y Luis Blasco, y de dos años y medio a dos años a Rafael Torres Posada, Beltrán Gutiérrez y José Maria Buenaventura Zabala.
La condena de cárcel sería de seis años para Miguel Blesa y cuatro y medio para Rato
La misma pena, que es la que figura en el escrito inicial, se pide para Pablo Abejas, Rubén Cruz, Antonio Rey de Viñas, Antonio Cámara, Carmen Cafranga, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Gómez del Pulgar, Juan Gómez Castañeda, Francisco José Pérez Fernández, Miguel Ángel Abejón, Cándido Cerón, Fernando Serrano Antón, Alejandro Couceiro y José Acosta.
Con peticiones de dos años de prisión, las mismas que constan en el escrito inicial del fiscal, figuran Matías Amat, Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Mariano Pérez Claver, Enrique de la Torre, Juan Astorqui, Carlos María Martínez, Carmen Contreras, Carlos Vela, Rafael Spottorno y Ramón Martínez Vilches.
Para María Enedina Alvarez y Ricardo Martínez Castro se mantienen dos años de prisión, en tanto que para Arturo Fernández, Virgilio Zapatero y Javier López Madrid se solicita un año y seis meses de prisión, lo mismo que para Santiago Javier Sánchez, Manuel José Rodríguez González y Gabriel Moreno Flores. Para Juan Iranzo, Miguel Corsini, Jorge Rábago y Luis Gabarda la petición es de un año de cárcel.
Luzón se ha referido también a determinadas operaciones que no fueron autorizadas por los titulares de las tarjetas y a algunas transacciones con tarjetas clonadas
Durante la presentación de su informe final de conclusiones, Luzón se ha referido también a determinadas operaciones que no fueron autorizadas por los titulares de las tarjetas y a algunas transacciones con tarjetas clonadas.
En cuanto a los acusados que han efectuado ingresos, se aprecia una atenuante para aquellos que reembolsaron los importes gastados con las tarjetas, ha explicado Luzón. En la misma línea que el Ministerio Público se ha manifestado el letrado que ejerce la acusación en nombre del FROB, que atenua la petición de penas a aquellos que han restituido lo gastado y también a tres usuarios algunos de cuyos gastos fueron efectuados con tarjetas clonadas.
En conjunto, el fiscal ha reiterado todo lo que expresó en su escrito inicial de acusación, en el que achaca a los acusados de un delito de apropiación indebida.
Bankia va más allá que Anticorrupción y los acusa también de administración desleal, al igual que el FROB.
