La Fiscalía ha recurrido la decisión del Juzgado número 32 de Madrid de archivar una denuncia que interpuso el pasado mes de mayo una asociación de juristas --Preeminencia del Derecho-- contra el ex secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos por calificar de "camarilla de la policía judicial" a los funcionarios de la Comisaría General de Policía por su actuación durante la investigación de la trama de corrupción Gürtel, que salpicaba a varios miembros del Partido Popular.
Así las cosas, el Ministerio Público cree que existen indicios suficientes para continuar con la tramitación de la causa. El fiscal de Madrid Fernando de la Fuente considera en su escrito que antes de proceder al archivo definitivo de estas actuaciones parecía prudente estudiar la transcripción de las expresiones efectuadas por Álvarez-Cascos sobre este asunto.
En concreto, el ex vicepresidente del Gobierno de Aznar dijo en una entrevista radiofónica que "hay una camarilla de la policía judicial, instalada en Canillas, dedicada a preconstituir pruebas" contra el Partido Popular y contra él mismo.
Unas declaraciones con ''temerario desprecio a la verdad''
De ser ciertas las afirmaciones de Álvarez Cascos, dice el fiscal, los funcionarios a los que se refiere habrían cometido de un delito de falsedad ideológica. Sin embargo, añade el recurso, sus palabras tienen indiciariamente "caracteres de falsedad o se han efectuado con temerario desprecio a la verdad, con lo que estamos ante un posible delito de calumnias o alternativamente uno de injurias".
El fiscal recuerda en su escrito que la concreta unidad de la Policía aludida por Cascos realizó diversas gestiones de comprobación en establecimientos hoteleros y empresas de viajes para concluir que no existía una vinculación entre uno de los viajes investigados en el caso Gürtel y la financiación del mismo por el líder de la trama corrupta, Francisco Correa.
Finalmente, la Fiscalía considera que la asociación de juristas denunciante carece de legitimación para seguir en esta causa por no ser titular de los bienes jurídicos afectados, si bien advierte que los hechos deben perseguirse de oficio al haberse dirigido la ofensa contra funcionarios públicos.
La denuncia que interpuso Preeminencia del Derecho incluía una reseña periodística en la que se daba cuenta del intento de la propia Policía de actuar contra Álvarez Cascos y añadía que las palabras que éste dirigió el pasado 4 de abril a los funcionarios de la unidad de blanqueo y delincuencia económica por su trabajo en la "operación Gürtel" pueden ser constitutivos de delito porque el mandatario les atribuyó un acto de falsificación de documentos. "Hecho gravísimo que, de no ser cierto y resultar probado, es calumnia", añadía el escrito.
