La familia del cámara gallego José Couso, fallecido en Irak en 2003, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue el contenido de los documentos filtrados por Wikileaks. En ellos, según avanzó el diario El País, se recoge la colaboración de Cándido Conde-Pumpido con la diplomacia estadounidense en su intento de frenar el avance de la causa que buscaba condenar a tres militares estadounidense por la muerte de Couso.
La querella, confirmada por el abogado de la familia, Enrique Santiago, será presentada la próxima semana en la Fiscalía porque es, a su juicio, "el órgano al que constitucionalmente le corresponde la investigación de estos hechos".
Santiago también ha avanzado que la demanda señalará "expresamente" a las personas que presuntamente hayan participado en las reuniones y los intercambios descritos en los telegramas filtrados, entre las que se encuentran el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la ex vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.
La familia de Couso también exigirá a la Fiscalía que se investigue si se ha podido entregar documentación de las actuaciones a quien no es parte del proceso, "algo que está expresamente vetado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal", según el abogado. Aunque no ha querido matizar qué delitos podría haber cometido la Fiscalía por estos hechos para "no presionarla", Santiago ha reconocido que el artículo del Código Penal referido al encubrimiento es "bastante elocuente".
En este sentido, ha recordado que el artículo 451 señala que el encubrimiento lo comete el que interviene con posterioridad ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad siempre que el hecho sea constitutivo de delito contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado u homicidio. "Estas circunstancias son precisamente los delitos que se investigan en la causa Couso", ha matizado.
''Mintieron vilmente''
El hermano del cámara fallecido, Javier Couso, ha indicado que tanto él como el resto de la familia se sienten "absolutamente estafados" por la actitud del Gobierno y de los organismos judiciales, de los que también ha dicho que les "mintieron vilmente" y que "conspiraron con los representantes de los tres asesinos" de su hermano. "Importa más la nacionalidad estadounidense que la española", ha concluido.
El caso Couso fue archivado varias veces por la Audiencia Nacional y posteriormente reabierto ante la aparición de nuevas pruebas o por orden del Tribunal Supremo. En estos momentos, la causa sigue abierta y el juez Santiago Pedraz ha obtenido el permiso del Consejo General del Poder Judicial para viajar a Irak y estudiar el lugar exacto donde murió el cámara.
