La Audiencia mantiene a la UCE como acusación particular

La primera jornada del juicio al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal se ha desarrollado sin declaraciones de los imputados y con la decisión de la Audiencia de mantener a la Unión de Consumidores (UCE) como acusación particular.

Las defensas de los imputados, entre ellos Carlos Fabra, que se enfrenta a una petición de 13 años de prisión, habían pedido la exclusión de la UCE como acusación particular, petición rechazada por la sección primera de la Audiencia de Castellón.

En la causa, en la que también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el empresario que le denunció, Vicente Vilar, su exmujer Montserrat Vives y el exsenador del PP Miguel Prim, Anticorrupción y la acusación particular acusan al expresidente de la Diputación de Castellón de aprovechar su cargo para mediar ante instituciones con el objeto de obtener licencias para los productos que fabricaba la empresa de Vilar.

El tribunal ha aceptado incluir como prueba la grabación del juicio celebrado el pasado mes de mayo en el juzgado de Nules, Castellón, en el que Vicente Vilar fue condenado a un año y cinco meses de prisión, por falsificar documentación para obtener los permisos para comercializar los productos fitosanitarios.

La sesión se ha levantado a primeras horas de esta tarde tras el análisis de las consideraciones previas y para que se facilite a las partes una copia de la memoria USB que contiene la grabación del juicio de Vilar, y se reanudará mañana con la declaración de Fabra.

La primera sesión de este juicio, que ha congregado a un gran número de medios de comunicación, ha estado centrada en la lectura de los escritos de las partes, que se ha prolongado durante dos horas, y en las consideraciones previas que se han planteado.

El empresario Vicente Vilar ha permanecido esposado en el banquillo, ya que ha acudido custodiado desde la prisión donde cumple condena tras haber sido denunciado por su exmujer por violación.

La defensa de Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández, su exesposa, ha pedido que se apartara del proceso a la acusación particular de la UCE, al considerar que han planteado "acusación sorpresiva".

Los letrados han basado la argumentación en las diferencias en el relato de los hechos de la UCE entre el auto de procedimiento abreviado y el escrito de acusación y esto provoca "vulneración de los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva" de Fabra y Fernández.

La misma consideración han mantenido ante el tribunal el letrado del exsenador del PP Miguel Prim y la defensa del empresario Vicente Vilar. Sin embargo, la sala ha rechazado apartar a la UCE del proceso, ya que ha argumentado que ese "eventual exceso de la dimensión fáctica" se resolverá en la sentencia.

La defensa de Carlos Fabra, en las consideraciones previas, también ha pedido la consideración de la prescripción de los delitos fiscales, cometidos presuntamente por él y su exesposa. Además, ha solicitado que los técnicos inspectores de Hacienda que elaboraron los informes para documentar el caso sobre la información fiscal de los acusados no puedan actuar como peritos, al estimar que su imparcialidad "está contaminada" por tener la doble condición de "perito y denunciante". Sobre estas consideraciones, la sala también ha considerado que quedarán resueltas cuando se dicte sentencia.

Las defensas de todos los imputados han pedido asimismo la libre absolución de sus clientes.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado piden para Fabra 13 años de prisión por un delito continuado de cohecho, un delito continuado de tráfico de influencias y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

La acusación particular de la UCE considera que Fabra cometió los mismos delitos, pero aumenta la petición de prisión a 14 años y 6 meses.

La exesposa de Fabra, quien ha estado sentada junto a él en el banquillo, se enfrenta a una petición de seis años de prisión por haber cometido presuntamente 3 delitos fiscales.

Vilar y su exesposa, Monserrat Vives, se enfrentan 4 años de prisión por delitos de cohecho, y de tráfico de influencias, ya que éste último ha sido incluido por la UCE. 

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