La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha sido citada a declarar como imputada por el juez que instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados.
Según el auto del juez, facilitado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Castedo (Ribadeo, 1970) deberá declarar como imputada el próximo 27 de noviembre ante el titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante.
Ésta es la segunda investigación judicial en la que está involucrada la política lucense, ya que está imputada en la pieza separada del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Además de Castedo, el juez instructor del caso Rabasa ha citado a declarar como imputados al adjudicatario de este plan urbanístico, el empresario Enrique Ortiz —también imputado en la pieza del Brugal sobre el PGOU de Alicante—, al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, a una funcionaria de la Gerencia de Urbanismo, Isabel Campos, y a dos personas más.
El juez instructor del plan Rabasa tomó esta decisión tras tener en su poder el informe completo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional sobre este caso.
La alcaldesa está imputada por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en esta causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.
REACCIONES
Respecto a esta nueva imputación, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, reiteró que las personas que ocupan un cargo público deben ser "un ejemplo para todos los ciudadanos" y añadió que, en el caso de la alcaldesa de Alicante, debe ser ella la que "valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución" su condición de imputada ya que el acta de concejal es personal.
El jefe del Consell precisó que, además de "insistir" en la cuestión de la línea roja, "no podemos hacer nada más", salvo a la hora de elaborar las listas electorales donde el partido "sí tiene algo que decir". En este sentido, remarcó que las personas imputadas por corrupción no podrán concurrir con el PPCV a las elecciones.
De su lado, el PSPV de Alicante anunció que estudia pedir prisión provisional para la alcaldesa, tras su nueva imputación, al estimar que existe "riesgo de destrucción de pruebas" y ante la "alarma social".
El secretario general del Partido Socialista alicantino, Gabriel Echávarri, explicó en rueda de prensa que le solicitó esta misma mañana a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la regidora. Según el dirigente socialista, "creemos que concurren los requisitos" para que Castedo espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la alarma social y el riesgo de destrucción de pruebas.
Castedo es alcaldesa desde hace seis años y, justamente, seis días. Relevó en el cargo a Luis Díaz Alperi, también imputado en la pieza del caso Brugal sobre el plan de urbanismo. Fue diputada autonómica desde ese 2011 hasta el pasado 2 de mayo, cuando presentó la renuncia.
