Este miércoles el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, abrió la puerta a una posible reforma de la Ley de Memoria Histórica y desveló que su departamento hará público en breve el mapa informático de las fosas comunes en España, eso sí, sin los datos referidos a las comunidades gobernadas por el PP.
El debate permanente sobre la memoria, en pleno proceso contra el juez Baltasar Garzón por investigar las víctimas del franquismo, vivió así un nuevo episodio en el Congreso. El portavoz de ICV, Joan Herrera, exigió al Gobierno la modificación de la norma, que consideró como "insuficiente", y pidió que el Estado fortaleciese su ayuda a las familias que buscan a sus desaparecidos, evitando así su "via crucis" de juzgado a juzgado.
Caamaño respondió que el Ejecutivo está "abierto al diálogo" y, según indican varios medios, desde el ministerio se está estudiando la posibilidad de cambiar el artículo 11 de la Ley, para facilitar las exhumaciones, especialmente, en las comunidades gobernadas por el PP, donde hay más trabas.
Al respecto, el titular de Justicia, adelantó que el mapa de las fosas comunes será "accesible para todos los ciudadanos" y que de momento cuenta con 1.793 registradas, a expensas del recuento total en Cataluña y Andalucía y sin los datos de las Gobiernos autonómicos del PP, aunque con la promesa de Esperanza Aguirre de colaborar.
Madrid colabora
Por ello, Caamaño dijo alegrarse del paso dado por la Comunidad de Madrid para facilitar la búsqueda de las fosas donde están enterradas las víctimas de la Guerra Civil y animó a hacer lo mismo a todas las comunidades, al tratarse de un "mandato" de las Cortes.
Las comunidades autónomas, subrayó el ministro en los pasillos del Congreso, tienen "el deber" de colaborar en la localización de las fosas donde se hallan los resto, tal como recoge la Ley de la Memoria Histórica.
Caamaño se refirió también a las actuaciones del Gobierno en los dos años de vigencia de la Ley, que paliaron, aseguró, "situaciones injustas" que padecían viudas, huérfanos, ex presos ideológicos o incluso extranjeros que combatieron en España contra el franquismo y cuya colaboración no había sido reconocida y compensada.
"El Gobierno no ha tenido reparo en atender mejoras de la Ley", añadió, antes de concluir que esta norma se ha convertido en un marco "propicio y fructífero" para hacer justicia "sin trastocar el espíritu de la transición", y por eso el Ejecutivo seguirá desarrollándola como hasta ahora.
Joaquín Leguina
Al debate sobre la Memoria Histórica también se refirió el ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, quien consideró que decir que la derecha española es "heredera" o "añora el franquismo" es "miserable" y "sobre todo es mentira".
"¿Qué pasa, que la mitad de los electores españoles votan al franquismo? Es algo maniqueo que a mí me repugna", puntualizó el primer presidente autonómico madrileño, que no dudó en secundar las declaraciones de Esperanza Aguirre en las que prometió ayudar a los familiares de las víctimas a encontrar sus cádaveres. No obstante, Leguina aclaró que la actual presidenta "lo podía haber dicho hace tiempo y hubiéramos evitado algunos problemas".
Además, Leguina matizó, en relación a las reacciones en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que "es un mensaje muy peligroso lo que hemos sacado fuera con este asunto" y dijo que ve "poca contundencia en el Gobierno a la hora de cortar, de decir hasta aquí hemos llegado".
