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El juicio a los controladores aéreos se celebra sin las grabaciones de la huelga

Arranca el juicio a 133 controladores aéreos en la Audiencia Nacional. CHEMA MOYA
Arranca el juicio a 133 controladores aéreos en la Audiencia Nacional. CHEMA MOYA
El juez rechazó que se incluyan en la causa

El juicio a 133 controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga que secundaron en diciembre de 2010 se celebrará sin las grabaciones de las conversaciones realizadas por Enaire durante el conflicto, tras rechazar la juez que se incluyan en la causa.

Entre las cuestiones previas planteadas por las partes al inicio, este miércoles, de la vista oral, se encontraba la petición por parte de catorce de los acusados, los que no han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, para que se difundieran las conversaciones grabadas por Enaire durante la huelga.

Pero la titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid, Margarita Valcarce, ha alegado que, tras casi diez años de instrucción, "no es ahora el momento" de admitir estas grabaciones, cuya inclusión se solicitó hace apenas un mes.

De los 133 acusados, 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido los hechos, admitiendo penas de 30.000 euros y cinco meses de suspensión para los controladores que forman parte de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y de 15.000 euros para los no sindicados.

Los catorce restantes, que no han llegado a un acuerdo de conformidad con el ministerio público y entre los que figura el que fuera portavoz de USCA y cara visible de los controladores durante el conflicto, César Cabo, comenzarán a declarar a partir del 29 de enero, cuando también está citado el representante de Enaire, responsable civil.

En la primera sesión del juicio, a la que han acudido 30 controladores -22 de los cuales han conformado y 8 como público-, se han dirimido las cuestiones previas, entre ellas la difusión de los las grabaciones o la pretensión de algunas defensas de que sea la jurisdicción militar la que se hiciera cargo de la causa, que han sido rechazadas por la magistrada.

En su exposición, la fiscal Ana Sanz ha reiterado lo expuesto en su escrito de acusación, y se ha referido al perjuicio causado a un servicio público por el abandono de sus puestos de trabajo del colectivo de controladores.

Ello ocurrió en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, extremo en el que ha coincidido con la abogacía del Estado.

Estas acciones, ha explicado la fiscal, se hicieron de manera consciente y coordinada al margen de cualquier convocatoria formal de huelga por parte de USCA, que en aquel momento negociaba con Aena el segundo convenio laboral del personal aeronáutico.

Antes del inicio de la sesión, el actual portavoz de USCA, también acusado, Daniel Zamit, ha explicado que los controladores se enfrentan a "un juicio político, como fue político el cierre del espacio aéreo en 2010".

Asimismo, ha negado que la huelga de 2010 fuera "salvaje", y ha recordad que en "veinte juzgados de toda España los controladores han sido absueltos", con argumentos que "parece que en Madrid no valen".

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones con USCA del segundo convenio colectivo del sector.

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero de ese año el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999.

Después de varios meses de negociaciones infructuosas, se decretó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, una vez que los controladores abandonaron masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó por estos mismos hechos a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que todos ellos se declaran culpables del delito de abandono del servicio.

Si bien la huelga llegó a afectar a cerca de 600.000 pasajeros, sólo unos 15.000 -de los que unos 12.000 están representados por el bufete Cremades & Calvo Sotelo- decidieron acudir a los tribunales, de ahí que la indemnización total se haya fijado en 15 millones de euros, 1.000 por persona. 

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