El juez rechaza de nuevo enviar a prisión al líder del Frente Polisario y le pide estar localizable

Gali niega estar implicado en las violaciones de derechos humanos de las que lo acusan

Brahim Gali. ARCHIVO
photo_camera Brahim Gali. ARCHIVO

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado una vez más enviar a prisión provisional o retirar el pasaporte al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a quien ha pedido estar localizable tras tomarle declaración por videoconferencia a raíz de varias querellas interpuestas contra él.

Pedraz sigue considerando que no hay motivos que justifiquen medidas tan gravosas como las solicitadas por las acusaciones —por delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, entre otros— y finalmente ha optado por seguir el criterio de la Fiscalía, que había pedido que Gali aportase un domicilio y un teléfono para estar localizable.

El juez no ve "riesgo de fuga alguno" porque "no consta" ningún dato "para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la Justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración".

Señala además que la acusación "no ha suministrado elementos siquiera indiciarios" que avalen "la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno", dado que las declaraciones de testigos prestadas hace años "no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado". 

En su declaración, Brahim Gali ha negado cualquier implicación en las graves violaciones de derechos humanos que se le atribuyen en las dos querellas presentadas en su contra. El líder del Frente Polisario, que ha declarado por videoconferencia desde el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde está ingresado por complicaciones derivadas del covid-19 desde el pasado 18 de abril, estaba citado por una querella formulada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos y por otra presentada por el activista saharaui Fadel Breica. 

"El presidente Gali ha explicado que su participación, como ministro de Defensa en aquella época, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de acción en la conducta que se le imputaba por parte de las acusaciones", ha dicho su abogado, Manuel Ollé, en declaraciones a la prensa al término de la comparecencia judicial. 

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