La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto este martes juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y a otros doce exdirectivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe. La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.
Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.
En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes". Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.
López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".
En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y e TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.
