La juez Mercedes Alaya ha criticado este lunes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al asegurar que sus declaraciones sobre la sentencia de La Manada la incendiaron, al tiempo que ha considerado las críticas de políticos a esta resolución y a la de la Gürtel como una "deslealtad institucional".
En una comida coloquio, organizada por el Club Siglo XXI, la juez instructora del caso de los ERE en Andalucía ha reconocido que uno de los motivos por los que se ha decidido a hablar ahora, cuando ella es poco dada a entrevistas o manifestaciones públicas, fueron precisamente las palabras de Catalá.
En referencia al voto particular del magistrado del tribunal de La Manada, Catalá indicó que, cuando un juez habla de "jolgorio o regocijo" de una víctima, no hay un "problema de leyes", sino de cultura, de formación y sensibilización.
"Lógicamente las manifestaciones del ministro me incendiaron y espero que jamás se vuelvan a producir manifestaciones de este tipo", ha dicho Alaya, que se suma de esta forma a las críticas unánimes de jueces y magistrados ante las palabras del ministro.
"Es evidente que Andalucía no tiene la misma trascendencia que Madrid y por eso (el procedimiento judicial) no trasciende al resto de España como la Gürtel"
Sí que ha coincidido con Catalá en la necesidad de reformar los delitos contra la libertad sexual porque "la legislación actual es laberíntica y cuesta trabajo llevarla a la práctica".
Aunque, acto seguido, ha vuelto a criticar al ministro de Justicia al defender que "lo que se necesita es una reforma seria y con rigor y esas nunca se producen en caliente".
La juez no solo ha cargado contra el titular de Justicia sino contra los partidos y políticos que han criticado las sentencias de La Manada y de la trama Gürtel al destacar que "cualquier crítica a resoluciones judiciales no es que esté mal, es que es una deslealtad constitucional e institucional" pues, en su opinión, lo que tiene que haber es un "absoluto respeto" hacia ellas.
Alaya no ha querido pronunciarse sobre la corrupción que ha destapado la sentencia de la Gürtel, pero sí lo ha hecho en el caso de los Ere de Andalucía que ha calificado de "importantísima numéricamente", ya que "afecta a los altos, medios y bajos estamentos de la sociedad andaluza".
En su opinión, esta causa ha destapado "el clientelismo político" que impera en esta comunidad autónoma, que es la causa, según Alaya, de que Andalucía no haya conocido otro gobierno que el PSOE, donde no entiende cómo la Junta ha renunciado a recuperar los 850 millones que se repartieron en ayudas en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y para eludir controles administrativos.
Lo que ocurre, ha matizado, es que "es evidente que Andalucía no tiene la misma trascendencia que Madrid y por eso (el procedimiento judicial) no trasciende al resto de España como la Gürtel".
Tras las críticas políticas -de hecho ha desmentido rotundamente el rumor de entrar en política-, la juez ha tenido tiempo de reprochar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su falta de apoyo cuando instruía la causa de los Ere.
"Los primeros meses de instrucción me sentí acompañada por el CGPJ pero pasada esa primera época ni me he sentido defendida ni arropada por el CGPJ ni el TSJA", ha señalado Alaya, quien considera que ambas "se equivocaron" cuando no le concedieron la comisión de servicio para seguir con los ERE desde la Audiencia Provincial de Sevilla.
Alaya ha apostado por reforzar la independencia judicial
Y aunque la magistrada ha insistido en las presiones que recibió durante la instrucción no ha querido personalizarlas en ningún político en concreto, como hizo recientemente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque "las presiones se reciben a través de titulares de los medios", un sistema que "utilizan los políticos desde hace décadas".
Por todo ello, Alaya ha apostado por reforzar la independencia judicial ya sea mediante la participación de jueces en la designación de los vocales del CGPJ para acabar con "ese miniparlamento" de partidos políticos y sus cuotas, como también con la elección del fiscal general del Estado por consenso de las cuatro principales formaciones políticas y no por el Ejecutivo.
Ha añadido que entregar las investigaciones a la Fiscalía "sería un hachazo a la independencia judicial" porque, por ejemplo, en un procedimiento contra la corrupción sería "como tener al lobo metido dentro del gallinero", aunque "la culpa no es de los fiscales" sino de "la obediencia debida" que funciona en el Ministerio Público.
