Jueces y fiscales no creen que agravar las penas reduzca el número de fuegos

El aumento de las penas contra los autores de incendios forestales que prevé incluir Justicia en su reforma del Código Penal no convence a jueces y fiscales, que creen que así no se reducirán estos siniestros, cuyo nivel de devastación este verano achacan a la falta de inversiones en prevención.

Así lo han expresado a EFE los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) en referencia al incremento de las penas de cinco a seis años para los causantes de estas catástrofes que anunció el pasado julio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Luciano Varela (Pontevedra), magistrado del Tribunal Supremo, cuestionó en declaraciones a EFE a finales del pasado mes de julio, antes de su participación en un congreso celebrado en Santiago de Compostela, el endurecimiento del Código Penal en materia de blanqueo de capitales, prevaricación o incendios.

Varela consideró que la solución para "erradicar" estos comportamientos está "en la prevención" y no en "castigar" determinadas actuaciones una vez que ya han ocurrido, una postura, la suya, que discrepa de las defendidas tanto por el Ejecutivo central como por el gallego, proclives al endurecimiento de las penas para quienes prendan fuego a los montes.

Desde la mayoritaria APM, Pablo Llarena subraya también que "hay que ser conscientes de que un cambio de penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia" porque ello supondría "pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis".

Según el portavoz de la APM, lo que hay que hacer es una "inversión en concienciación colectiva" y aumentar la de los sistemas de vigilancia para impedir la comisión de los delitos y la impunidad de aquellos que los han cometido.

Joaquim Bosch, de JpD, coincide en achacar los devastadores fuegos que arrasan diversas regiones españolas este verano a la falta de prevención y a la reducción de los presupuestos con este fin.

Mientras, el portavoz del FJI, Ángel Dolado, también duda de que la manera de combatir los incendios sea castigando más duramente a sus causantes.

A su juicio, el problema radica en la investigación de los hechos y en "llegar a averiguar realmente quién ha sido el autor" ya que, una vez se conoce, "el Código Penal ya es punitivo" contra él.

Por su parte, María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cree que la decisión de Gallardón supone, "una vez más, legislar detrás de los acontecimientos y para contentar a la opinión pública", y ha recordado que la normativa castiga con entre 15 y 20 años de prisión cuando el fuego pone en peligro la vida de las personas y con 3 cuando afecta a masas forestales importantes.

"Si nos dedicamos a endurecer las penas, la opinión pública se frustra luego porque no hay pruebas o no se encuentra al culpable", ha resaltado.

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