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Jueces del Supremo acusan al Gobierno de dejar "vendido" a Llarena en Bélgica

El magistrado Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO
El magistrado Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO

Advierten que ahora el magistrado trendrá que pagar de su bolsillo un abogado que le costará miles de euros

Magistrados del Tribunal Supremo han acogido con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado "actos privados que se le atribuyen" en relación con la demanda civil que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros han planteado contra él ante un juez belga. 

Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros. 

Según han manifestado fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso independentista en Cataluña y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consejeros buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos "privados". 

Justicia aclaró este jueves en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez en alusión a parte del contenido de la demanda de Puigdemont que señala que Llarena no es imparcial por unas manifestaciones que habría realizado tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el procés independentista en Cataluña "no hay presos políticos".

"EL GOBIERNO CAE EN LA ESTRATEGIA DE PUIGDEMONT". Para las fuentes consultadas, todo ello no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su "intención dañina" pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena. 

El Estado español se personará ante la Justicia belga en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles

Lo malo, añaden, es que con su decisión de distinguir entre defensa de la soberanía del poder judicial español y actos de Llarena el Gobierno ya ha "caído en su estrategia", pues renuncia a defenderle aceptando la demanda en el punto de que es por un acto privado. 

La conclusión de todo ello es que si Llarena se quiere defender —pese a haber obtenido el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGP)—, esta misma semana tendrá que asumir el pago de un abogado que le costará miles de euros de su bolsillo, ya que si no lo hace quedará "vendido" a lo que resulte en Bélgica. 

Por su parte la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece Llarena, ha mostrado también su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le ha reclamado que defienda a Llarena y a la soberanía española "sin reservas" y sin dichas "hipotéticas cautelas". 

El Estado español, según informó Justicia, se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles "si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consejeros de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos". 

El Gobierno nombra a sus representantes en las comisiones bilaterales con la Generalitat
El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a los miembros del Gobierno que formarán parte de las comisiones mixtas con Cataluña que se van a poner en marcha en septiembre, cuando también comenzarán a trabajar las subcomisiones que dependen de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, reunida el pasado 1 de agosto. 

Gobierno y Generalitat de Cataluña decidieron activar todos estos grupos de trabajo tras la reunión de sus respectivos presidentes, Pedro Sánchez y Quim Torra. Por un lado, se constituye la comisión mixta de Transferencias, de la que forma parte la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el secretario de Estado de Política Territorial, la secretaria general de Coordinación Territorial y los directores generales de Cooperación Autonómica y Local, de Régimen Jurídico Autonómico y Local y de Función Pública. 

Por otro lado, se va a poner en marcha la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, prevista en el artículo 210 del Estatut; por parte del Gobierno, estará presidida por la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, e integrada por los secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, de Política Territorial y de Economía y Apoyo a las Empresas. Completan la delegación la subsecretaria de Hacienda y el secretario general de Financiación Autonómica y Local. 

También arrancará próximamente la comisión de Infraestructuras, prevista en la disposición adicional tercera del Estatut y que estará presidida, por parte del Gobierno, por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, e integrada por los secretarios generales de Infraestructuras y de Coordinación Territorial, así como por la subsecretaria del Ministerio para la Transición Ecológica y los directores generales de Presupuestos y de Cooperación Autonómica y Local. 

En cuanto a las subcomisiones de la Comisión Bilateral, se van a activar en septiembre. Se trata por un lado de la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos, en la que se estudirán los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional para tratar de evitar el litigio mediante acuerdos.  Junto a esta se activarán también la subcomisión de colaboración y cooperación, la de asuntos europeos y acción exterior y la de infraestructuras y equipamientos. 

Jueces del Supremo acusan al Gobierno de dejar "vendido" a Llarena...
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