
En concreto, el rey emérito ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, según el citado diario.
El rey emérito ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En esa ocasión, don Juan Carlos abonó al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria del período entre 2016 y 2018.
En concreto, la propuesta de los republicanos catalanes instaba al Gobierno a impulsar "todas aquellas modificaciones reglamentarias del ordenamiento jurídico a fin y efecto de que todas las personas sean efectivamente iguales ante la ley y, en consecuencia, deban responder ante la administración de justicia en las mismas condiciones".
La iniciativa ha sido rechazada por 278 votos en contra, que representan el 80% de la Cámara, entre ellos los del PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos y UPN. A favor han votado 74 diputados de Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, Junts y la CUP, entre otros.
Los de Gabriel Rufián registraron esta iniciativa el pasado julio después de la aparición de las informaciones sobre las investigaciones judiciales abiertas en Suiza sobre las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito, quien a principios de agosto decidía fijar su residencia en Emiratos Árabes.
El texto se debatió el pasado martes, horas después de que el Congreso conmemorase el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23-F en un acto presidido por el Rey y al que no acudió ni representantes de las fuerzas independentistas y nacionalistas.